En medio de la polémica por el acceso de extranjeros a los servicios públicos y de una ola de debates en redes sociales, el Gobierno nacional volvió a ratificar que las universidades nacionales están habilitadas para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina.
La aclaración fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien recordó que esa posibilidad quedó establecida en el DNU 366/2025. “Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, escribió el funcionario en su cuenta de X, al señalar que recibió numerosas consultas sobre el tema.
Según explicó, el decreto modificó el artículo 2° bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y estableció que los estudios de grado en las instituciones estatales serán gratuitos para los ciudadanos argentinos, ya sean nativos o por opción, y para los extranjeros con residencia permanente.
El texto también dispone que las universidades nacionales “podrán establecer retribuciones por los servicios de educación” para quienes no estén comprendidos dentro de ese grupo, es decir, los estudiantes extranjeros sin residencia permanente.
De todos modos, el decreto contempla excepciones. En ese sentido, señala que quienes no tengan residencia permanente podrán acceder a becas cuando así lo prevean los estatutos de cada universidad o existan convenios con otros Estados, organismos o instituciones nacionales e internacionales.
La ratificación del Gobierno llega en un contexto de fuerte discusión sobre el acceso de extranjeros a los servicios públicos y mientras dirigentes de La Libertad Avanza impulsan iniciativas para arancelar también la atención hospitalaria a personas sin residencia permanente en distintas jurisdicciones.