El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para que todo acuerdo que el Poder Ejecutivo negocie con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deba contar con la aprobación previa del Congreso mediante una ley específica. La iniciativa fue ingresada mientras la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, iniciaba su visita oficial a la Argentina para reunirse con el Gobierno de Javier Milei.
El proyecto, acompañado por otros 15 diputados de Unión por la Patria, propone derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y reemplazarla por un régimen más amplio. El objetivo es impedir que el Ejecutivo pueda firmar nuevos programas con el FMI sin debate parlamentario.
Entre los principales cambios, la iniciativa establece que cada operación de crédito con organismos financieros internacionales deberá contar con una ley particular que detalle el monto máximo autorizado, el destino de los fondos, el plazo mínimo de amortización y las condiciones del préstamo. Además, prohíbe expresamente el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para este tipo de acuerdos.
El texto también apunta directamente contra el DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno instrumentó el actual Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por unos 20.000 millones de dólares sin tratamiento previo en el Congreso. Según el proyecto, las medidas adoptadas en esas condiciones podrían ser declaradas nulas y los funcionarios intervinientes responder por los daños ocasionados al Estado.
La propuesta incorpora principios como la soberanía económica, la corresponsabilidad entre acreedor y deudor, la sostenibilidad de la deuda según la capacidad real de pago, la transparencia y el control democrático. También sostiene que, si el propio FMI incumple sus normas o aprueba programas con motivaciones políticas, deberá asumir una responsabilidad compartida por sus consecuencias.
Como antecedente, el proyecto cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI sobre el acuerdo firmado con Argentina en 2018. Allí se recuerda que, mientras el organismo desembolsó 44.500 millones de dólares, salieron del país 45.100 millones en concepto de formación de activos externos del sector privado, una situación que, según los autores, evidencia la falta de controles sobre la fuga de capitales.
La iniciativa también impulsa que el Gobierno argentino promueva reformas al Convenio Constitutivo del FMI para fortalecer los controles sobre los flujos de capital, crear mecanismos de financiamiento de largo plazo para países con restricciones externas y reconocer formalmente el caso argentino como una exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.
En materia de control parlamentario, el proyecto crea una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, con acceso irrestricto a la documentación de los programas y facultades para citar a funcionarios del Poder Ejecutivo, del Banco Central y de la Auditoría General de la Nación.
Además, fija límites al endeudamiento externo y dispone que cualquier superación de esos topes requiera el voto de dos tercios de ambas cámaras, salvo en casos de emergencia económica declarada por ley, catástrofes naturales o guerra. Como disposición transitoria, otorga un plazo de 90 días para que el Gobierno envíe al Congreso un proyecto que ratifique o rechace el actual acuerdo con el FMI.