Cristina Kirchner apeló ante la ONU para anular su condena y volver a ser candidata en 2027

Los abogados de la ex presidenta ratificaron la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y pidieron suspender de inmediato la inhabilitación perpetua y el arresto domiciliario mientras se revisa la condena por la Causa Vialidad
Cristina Kirchner apeló ante la ONU para anular su condena y volver a ser candidata en 2027

Los abogados de Cristina Kirchner ratificaron este miércoles la apelación presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) contra la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la denominada Causa Vialidad.

HAMBURGUESAS LA PLATA

Durante una conferencia de prensa, Carlos Beraldi, junto a los juristas Rafael Valim (Brasil) y Javier Borrego (España), sostuvo que el proceso judicial estuvo marcado por “gravísimas violaciones” a los derechos y garantías de la ex mandataria. Además, señalaron que las medidas cautelares podrían ser analizadas por el Comité durante su reunión de octubre.

La presentación solicita la revisión integral de la sentencia firme e incluye tres medidas cautelares para suspender de manera inmediata la inhabilitación perpetua que le impide competir en las elecciones de 2027, además del arresto domiciliario.

Miclik

Valim afirmó que la intervención del organismo internacional “no constituye una agresión al sistema judicial argentino”, sino que se trata de un mecanismo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscripto por la Argentina. También aseguró que las decisiones del Comité son vinculantes.

Por su parte, Borrego sostuvo que el verdadero objetivo del proceso fue impedir la participación política de Cristina Kirchner. “La condena por fraude no se sostiene. Lo importante era la inhabilitación, excluir a una mujer dos veces presidenta de una contienda electoral”, afirmó.

EL GALPON

En tanto, Beraldi remarcó que la ex presidenta “no fue condenada por las obras ni por sobreprecios”, sino por un decreto firmado en 2009, y aseguró que se le atribuyó un delito que, según la defensa, era imposible que pudiera cometer porque nunca administró la Dirección Nacional de Vialidad.

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