El Gobierno nacional oficializó un endurecimiento de la política migratoria al incorporar nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra los argentinos o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones N° 25.871. Según el nuevo texto, no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan emitido mensajes de odio, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razones de nacionalidad, participado en actos de ultraje a los símbolos patrios o promovido cualquiera de esas conductas.
Antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en la red social X en el que sostuvo que, frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, “quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
Además, la norma modifica el artículo 63 de la Ley de Migraciones para establecer que, cuando una residencia sea cancelada por estos motivos, la autoridad migratoria podrá intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo que se determine o disponer directamente su expulsión, según las circunstancias de cada caso.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo remarcó que, si bien la Argentina mantiene una histórica tradición de apertura hacia los inmigrantes, el Estado conserva la potestad soberana de fijar las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros con el objetivo de proteger el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.
El Gobierno también argumentó que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, una situación que, según sostiene, justifica reforzar las herramientas legales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de quienes incurran en esas conductas.
No obstante, el decreto aclara que las nuevas restricciones no alcanzarán a las expresiones de disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En ese sentido, el Ejecutivo señaló que la medida reglamenta la libertad de expresión dentro de los límites previstos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla restricciones frente a la apología del odio y la incitación a la violencia.
