El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje y logró destrabar el conflicto que mantenía paralizada la asistencia a la navegación en los puertos argentinos. Como parte del entendimiento, los prácticos retomarán de inmediato sus tareas y se aplicará una reducción del 20% en las tarifas del servicio.
El pacto también contempla la suspensión temporal del Decreto 690/2026, la norma impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que había modificado el régimen vigente desde 1991 y originó el conflicto con el sector.
Según informaron fuentes oficiales, además de dejar sin efecto provisoriamente la aplicación del decreto, el Ejecutivo conformará una mesa de trabajo conjunta para discutir los aspectos normativos y operativos de la actividad. Ese era uno de los principales reclamos de los prácticos y también un pedido del sector agroexportador para encontrar una salida al conflicto.
La mesa estará coordinada por el Gobierno nacional e integrada por representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto con otros organismos competentes. El objetivo será revisar los puntos centrales de la desregulación e intentar alcanzar un consenso definitivo.
Con la firma del acta y el compromiso de mantener abiertas las negociaciones, el servicio de practicaje volverá a operar con normalidad en todos los puertos del país. Desde el sector resumieron el acuerdo con una sola palabra: “Alivio”. El parate generaba pérdidas estimadas en más de 4,5 millones de dólares diarios para el campo.
Cómo comenzó el conflicto
La disputa se desató tras la publicación del Decreto 690/2026, promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La norma eliminaba la obligación de contratar prácticos para determinados capitanes extranjeros con experiencia, ampliaba el tamaño de los buques alcanzados por la obligatoriedad del servicio, eliminaba el límite de cupos para ejercer como práctico y habilitaba a la Prefectura Naval a prestar el servicio, entre otros cambios.
Además, derogaba la reglamentación vigente desde 1991, eliminaba la segmentación por tramos geográficos —que obligaba al recambio de prácticos durante un mismo recorrido—, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones para ciertos buques.
Al presentar la medida, Sturzenegger había defendido la reforma al afirmar que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.