La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades vinculadas con la implementación de un plan de retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025. La presentación también solicita determinar si posteriormente esa modalidad fue replicada dentro del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
La denuncia fue presentada por el periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien además pidió ser aceptado como querellante en la causa.
El escrito menciona a María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del organismo; al abogado Danilo Sergio Montevidoni; Emilio Zicavo y otras personas que pudieran ser identificadas durante la investigación.
Entre las figuras penales cuya posible existencia se solicita investigar aparecen negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y enriquecimiento ilícito. También se plantearon posibles inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales.
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con la desvinculación de trabajadores contratados mediante el ente cooperador ACARA. Según la presentación, aunque la normativa establecía que las extinciones debían instrumentarse mediante escritura pública ante escribano, se habrían realizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
El denunciante sostiene que esa modalidad habría derivado en honorarios profesionales que no estaban contemplados en la resolución oficial. Además, a partir de testimonios incluidos en la presentación, plantea que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado al que presuntamente no eligieron de manera directa.
La denuncia también solicita investigar posibles vínculos societarios y profesionales entre algunas de las personas señaladas, así como eventuales inconsistencias patrimoniales y el supuesto uso sin justificación de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado.
Otro de los puntos centrales consiste en establecer si el posterior desembarco de exfuncionarios del Ministerio de Justicia en cargos del PAMI implicó también el traslado de ese supuesto modelo administrativo para las desvinculaciones de personal.
Desde el Gobierno, sin embargo, rechazaron las acusaciones. Fuentes libertarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas desmintieron de manera rotunda la denuncia y aseguraron que los procesos de retiro voluntario se realizaron sin inconvenientes.
La presentación remarca que los hechos denunciados constituyen hipótesis que deberán ser corroboradas o descartadas por la Justicia y no afirmaciones de culpabilidad. Como medidas de prueba, se solicitaron documentos a distintos organismos, declaraciones testimoniales, revisión de registros societarios y patrimoniales y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
