Organizaciones ambientales, vecinos y referentes territoriales volvieron a expresar su preocupación por las obras vinculadas al proyecto de conexión entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Parque Centenario, que funcionaría como un nuevo acceso hacia City Bell.
Según denunciaron desde la Asamblea de la Reserva Mundial de Biosfera Pereyra Iraola, los trabajos continúan dentro del ámbito de la reserva pese a que el proyecto se encuentra judicializado y se solicitaron medidas urgentes de protección ambiental.
La presentación tramita mediante el expediente N° 82121 ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°3 de La Plata y también interviene la UFIJ N°16 en una investigación penal por un presunto daño ambiental.
Desde la Asamblea apuntaron a AUBASA, responsable del proyecto, y advirtieron que la falta de una suspensión efectiva podría incrementar el riesgo de impactos “graves, progresivos e irreversibles” sobre el ambiente.
Las organizaciones señalaron además que, de acuerdo con la documentación técnica incorporada al expediente, existirían distintas falencias en la evaluación ambiental. Entre ellas mencionaron la falta de análisis de alternativas de localización, la ausencia de una evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos y cuestionamientos respecto de la Declaración de Impacto Ambiental.
En ese sentido, remarcaron que la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola integra el Programa MAB de UNESCO y constituye un sistema ambiental conectado con la Reserva Natural Punta Lara. La zona comprende pastizales, humedales y bosques nativos que conforman corredores biológicos de relevancia para la conservación.
De acuerdo con los especialistas citados por las organizaciones, una intervención vial en el sector podría generar fragmentación de hábitats, afectar la conectividad de las especies y alterar ciclos hidrológicos. También señalaron la importancia del área para la captura de carbono, la regulación climática, la recarga del Acuífero Puelche y la amortiguación frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Ante este escenario, las organizaciones reclamaron la intervención del Poder Ejecutivo bonaerense para detener los trabajos y realizar una revisión integral del trazado, con la intención de que el proyecto se desarrolle por fuera del área protegida. Además, advirtieron que una demora en la adopción de medidas cautelares podría provocar consecuencias ambientales difíciles de revertir.