La investigación judicial sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni avanzó con una medida que podría resultar determinante para su futuro procesal. El fiscal federal Gerardo Pollicita le envió un requerimiento formal para que explique distintos aspectos de la evolución de sus bienes.
El documento tiene unas 210 páginas y contiene más de 20 preguntas concretas. Fue elaborado después de analizar un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que estudió la situación patrimonial y financiera de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023.
El organismo especializado detectó inconsistencias al comparar las declaraciones juradas, sus posteriores rectificaciones, los ingresos acreditados, gastos, inversiones, deudas, propiedades y diferentes movimientos financieros. Sin embargo, el trabajo técnico no determinó una cifra definitiva de un eventual desbalance patrimonial.
Entre los puntos sobre los que deberá dar explicaciones aparecen las modificaciones realizadas en sus declaraciones juradas, gastos efectuados en efectivo durante viajes al exterior, operaciones vinculadas con criptomonedas y las erogaciones relacionadas con una propiedad ubicada en el country Indio Cuá.
La investigación había comenzado a tomar fuerza en marzo, cuando Pollicita impulsó la acción penal y solicitó una batería de medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del entonces funcionario. La causa está bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo.
Uno de los focos de la pesquisa estuvo puesto sobre dos operaciones inmobiliarias: un departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, y una casa en el country Indio Cuá. También se investigaron los mecanismos de financiamiento utilizados para esas adquisiciones y las deudas declaradas por el ex funcionario.
Otro punto que adquirió relevancia fue la remodelación de la vivienda del country. En el expediente declaró el contratista Matías Tabar, quien sostuvo que los trabajos demandaron unos 245 mil dólares pagados en efectivo. Además, los investigadores reconstruyeron gastos correspondientes a viajes al exterior y analizaron movimientos realizados mediante plataformas de activos digitales.
La DAFI también puso bajo análisis la operatoria con criptomonedas. La Justicia busca determinar el origen y trazabilidad de los fondos y contrastarlos con las declaraciones juradas, registros bancarios y documentación fiscal incorporada al expediente.
El requerimiento enviado ahora es particularmente importante porque la figura de enriquecimiento ilícito contempla que el funcionario investigado tenga la posibilidad de justificar el incremento patrimonial que aparece bajo sospecha. Si las respuestas y la documentación aportadas no resultan suficientes para la fiscalía, Pollicita podría solicitar que Adorni sea llamado a declaración indagatoria.
La decisión final sobre una eventual convocatoria a indagatoria quedará en manos del juez Ariel Lijo. Por el momento, la causa continúa en etapa de instrucción y las inconsistencias detectadas forman parte de una investigación judicial, sin que exista una determinación de responsabilidad penal.