El Gobierno de Javier Milei reglamentó el mecanismo para que los hospitales nacionales puedan cobrar las prestaciones médicas no urgentes brindadas a extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina. La disposición surge de los cambios introducidos en la Ley de Migraciones a través del DNU 366/2025.
El nuevo procedimiento establece que, cuando el paciente extranjero disponga de un seguro de salud, el establecimiento podrá facturar directamente el costo de la atención a la compañía correspondiente. En caso de no contar con cobertura, deberá abonar la prestación antes de recibirla.
La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial mediante el denominado “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”.
La reglamentación contempla una excepción central: las situaciones de emergencia deberán ser atendidas independientemente de la condición migratoria o de la capacidad de pago del paciente. Según la definición oficial, se incluyen aquellos cuadros que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función vital.
Entre los casos contemplados aparecen los infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV), traumatismos graves, hemorragias importantes y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales. También se incluye cualquier intervención urgente necesaria para evitar un daño grave o irreversible en la salud.
La normativa precisa que la excepción comprende la evaluación, el diagnóstico, la estabilización y el tratamiento inmediato del cuadro de emergencia. Sin embargo, una vez superada esa instancia crítica, las prestaciones médicas posteriores podrán ser cobradas al propio paciente o facturadas a su aseguradora.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que el objetivo es establecer un criterio uniforme en los establecimientos dependientes del Estado nacional y recuperar los costos derivados de la atención de extranjeros sin residencia permanente. Según datos oficiales, ese universo representa cerca del 6% del total de pacientes.
El Gobierno remarcó además que el nuevo esquema no modifica el acceso de los extranjeros con residencia permanente ni condiciona la asistencia frente a una emergencia, que deberá prestarse de manera inmediata antes de determinar cualquier mecanismo de facturación.
