Una organización integrada por agentes de la Policía Bonaerense que debía investigar el narcotráfico terminó siendo condenada por utilizar estructuras y recursos del Estado para intervenir en el mercado ilegal de drogas. El fallo, dictado luego de casi dos años de debate oral, expuso una trama de procedimientos fraguados, extorsiones y apropiación de estupefacientes.
Uno de los episodios centrales fue el denominado operativo “Leones blancos”, ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta del partido de Moreno vinculada al clan Loza. Allí, los efectivos simularon haber secuestrado casi media tonelada de cocaína luego de una supuesta denuncia anónima, mientras se apropiaban de otra cantidad similar que estaba en un vehículo perteneciente a la organización investigada.
La droga sustraída tenía un valor estimado de entre 2,6 y 2,8 millones de dólares. Según quedó establecido durante el proceso, los estupefacientes fueron trasladados hasta Santa Clara del Mar, desde donde se proyectaba su distribución en distintos puntos de la costa atlántica y también hacia el circuito internacional mediante envases termosellados.
Por esa maniobra, la Justicia impuso las penas más altas a integrantes de la cúpula de la delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta fueron considerados coautores de delitos que incluyeron falsedad documental, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
También fueron condenados otros integrantes de esa dependencia. Los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco recibieron penas de 14 años y 6 meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca fue sentenciada a 11 años de cárcel.
El expediente reveló además que el esquema no se habría limitado a un único procedimiento. Las investigaciones vinculadas a los casos “Bustamante”, “Basaldúa”, “Acosta” y “Santellán” permitieron acreditar maniobras de extorsión contra personas investigadas por narcotráfico, pedidos de dinero a cambio de evitar imputaciones y presuntas actuaciones judiciales armadas con participación de integrantes del sistema penal.
La estructura que operaba en San Isidro también quedó alcanzada por el fallo. El comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. En tanto, el sargento Santiago Ignacio Cabré recibió 14 años y el teniente Mario Alberto de Armas, 12 años de prisión.
El veredicto también involucró a abogados que, según los jueces, formaron parte de la organización. Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas en suspenso y quedaron inhabilitados para ejercer la abogacía, luego de ser considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en hechos de extorsión y cohecho.
El tribunal, integrado por Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez, absolvió a seis de los acusados. Al mismo tiempo, ordenó remitir las constancias del expediente a la etapa de instrucción para profundizar la investigación sobre la posible responsabilidad del exfiscal provincial destituido Claudio Scapolan y de otros funcionarios judiciales y policiales.
Durante su alegato, los fiscales Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly sostuvieron que el caso no podía ser interpretado como una sucesión de hechos aislados de corrupción. Para la acusación, se trató de una estructura coordinada que utilizó facultades estatales para intervenir ilegalmente en el tráfico de estupefacientes dentro de la provincia.
Por la gravedad institucional del caso, los magistrados también dispusieron enviar los fundamentos de la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial. El objetivo será evaluar medidas preventivas frente a un esquema que, según quedó expuesto en el juicio, llegó a utilizar a sectores de las propias fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico para administrar parte del negocio ilegal.