Una investigación judicial por una presunta organización dedicada a distintas actividades ilícitas derivó en 15 allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del juez Agustín Crispo, a pedido de la UFIJ N° 16, conducida por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta.
El operativo estuvo a cargo del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y terminó con varias detenciones y el secuestro de armas de fuego, teléfonos celulares, documentación y otros elementos que ahora serán sometidos a análisis. Entre las armas encontradas había pistolas calibre 9 milímetros y .380, además de escopetas Ithaca, según relata el portal Hechos y Derecho.
La causa tiene como antecedente la fuga, ocurrida en 2022, de Ke Deqiang, conocido como “Matías”, quien estaba detenido en la Comisaría Primera de La Plata y era investigado por presuntas extorsiones e intimidaciones contra comerciantes. El hombre continúa prófugo y, de acuerdo con la pesquisa, se encontraría fuera del país.
A partir de aquella investigación, los investigadores fueron incorporando elementos sobre una estructura que habría utilizado como fachada una entidad vinculada a comerciantes de la comunidad china en La Plata. Según la hipótesis judicial, allí se habrían desarrollado maniobras relacionadas con extorsiones, amenazas, tráfico de armas y estupefacientes, cambio ilegal de divisas, préstamos usurarios, juego clandestino y comercialización irregular de mercadería y dispositivos electrónicos.
El expediente también puso el foco en presuntas irregularidades vinculadas con trámites municipales. Entre ellas aparecen la obtención de licencias de conducir, habilitaciones comerciales, permisos para vender alcohol, levantamiento de infracciones y clausuras. En ese marco, la Justicia investiga la posible participación de exfuncionarios que habrían facilitado gestiones, intervenido en inspecciones o brindado información sobre empleados que se resistían a las presuntas presiones de la organización.
Uno de los principales nombres señalados es Jonatan Emanuel Reyes, quien, según el documento judicial, se desempeñaba como jefe de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata. La investigación sostiene que habría utilizado su cargo para actuar como nexo entre la presunta organización y autoridades provinciales, además de gestionar de manera irregular licencias y habilitaciones a cambio de dinero.
De acuerdo con el requerimiento de captura, Reyes habría cobrado entre $70.000 y $75.000 por determinadas gestiones vinculadas con licencias de conducir. También se le atribuye haber intervenido para conseguir habilitaciones de organismos como APR y REBA, siempre según las pruebas incorporadas al expediente.
La Justicia libró órdenes de detención de los implicados, a quienes considera, en esta etapa, probablemente coautores de una serie de delitos cometidos desde 2020 hasta al menos marzo de 2022. La acusación incluye asociación ilícita agravada, cohecho activo, tráfico de influencias, juego clandestino y coacción.
El expediente también asigna presuntos roles específicos a otros integrantes. Huang Yun aparece vinculado al juego clandestino y los préstamos de dinero, mientras que Tengui Chen, Dong Feng Chen y Jinchao Chen son señalados por supuestas tareas de intimidación contra comerciantes. En particular, la investigación menciona un episodio en el que un comerciante habría sido presionado para retirar una denuncia contra Ke Deqiang.
Ahora los investigadores avanzarán sobre el contenido de los celulares y la documentación secuestrada durante los allanamientos. Los peritajes buscarán reconstruir comunicaciones, movimientos de dinero y posibles conexiones con otras personas, mientras la causa continúa abierta para determinar el alcance de la estructura investigada y localizar a quienes permanecen prófugos.
Cabe remarcar que las acusaciones forman parte de una investigación en curso y que la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá ser determinada por la Justicia conforme avance el proceso.