El gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a responder públicamente una información que vinculó con su administración a Albertina Mangini, la mujer detenida en el marco de una investigación por presuntas maniobras con billeteras virtuales. Desde Provincia aseguraron que se trata de una empleada del Poder Judicial y que nunca perteneció laboralmente al Ministerio de Justicia.
“En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una ‘funcionaria de Kicillof’”, cuestionó el mandatario bonaerense al referirse al tratamiento periodístico del caso.
Kicillof sostuvo que “la persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia” y aseguró que, pese a una desmentida previa, el diario volvió a referirse al episodio de una manera que consideró ambigua. “Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia”, reclamó.
La mujer mencionada es Albertina Mangini, abogada y empleada del Ministerio Público bonaerense. La investigación es encabezada por la fiscal platense Betina Lacki, titular de la UFI N°2, y analiza una presunta estructura dedicada a obtener datos personales y biométricos de personas vulnerables para generar cuentas y billeteras virtuales.
Según la hipótesis que se investiga, algunas personas habrían entregado documentación, fotografías y otros datos personales a cambio de dinero. Esa información habría sido utilizada posteriormente para la apertura de cuentas digitales que quedaban bajo el control de terceros y a través de las cuales se habrían realizado movimientos millonarios.
Mangini fue detenida por orden del juez de Garantías N°6 de La Plata, Agustín Crispo, a pedido de la fiscalía. En el expediente también quedaron involucradas otras personas y la Justicia intenta reconstruir el funcionamiento del presunto circuito financiero y determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.
Uno de los puntos que alimentó la controversia política es el lugar donde Mangini desarrollaba sus tareas. Si bien trabajaba físicamente en una dependencia ubicada dentro del ámbito del Patronato de Liberados bonaerense, desde el Gobierno provincial remarcaron que su relación laboral correspondía al Ministerio Público y no al organismo dependiente del Ejecutivo.
De esta manera, la administración de Kicillof busca diferenciar la pertenencia institucional de la detenida del lugar físico en el que cumplía funciones. Mientras la causa judicial continúa avanzando, el Gobernador convirtió el episodio también en una disputa pública con Clarín y exigió que el medio rectifique la vinculación de Mangini con su gestión.
