El presidente de IOMA, Homero Giles, salió a responder a las denuncias por un supuesto ajuste sobre los acompañantes terapéuticos y puso el foco en el impacto económico de los amparos judiciales. En una columna de opinión publicada en Página/12, sostuvo que existe una “manipulación informativa” y planteó que el verdadero problema pasa por la sustentabilidad financiera de la obra social bonaerense.
Según los datos expuestos por Giles, en abril de 2026 unos 5.793 acompañantes terapéuticos atendieron por el circuito ordinario a 7.800 afiliados. En paralelo, 387 profesionales vinculados a prestaciones obtenidas mediante amparos judiciales concentraron una demanda de $1.116 millones para atender a solamente 409 personas.
El titular de IOMA afirmó que la diferencia de costos es significativa: mientras que en el circuito administrativo regular el promedio ronda los $550.000 mensuales por afiliado, en los casos judicializados supera los $2,7 millones. De esta manera, aseguró que una misma prestación termina costándole a la obra social cerca de cinco veces más cuando llega mediante una orden judicial.
Giles agregó otro dato que consideró especialmente llamativo. De acuerdo con auditorías realizadas por el organismo, detectaron cuatro empresas prestadoras cuyos afiliados vinculados con IOMA ingresaron en el 100% de los casos mediante amparos. Entre las cuatro concentran 66 afiliados y perciben alrededor de $151 millones mensuales, equivalentes a más de $1.800 millones anuales.
Sin realizar acusaciones penales, el funcionario reclamó investigar cómo funciona ese circuito. “Resulta ineludible indagar sobre por qué determinados prestadores concentran matrículas que ingresan exclusivamente por la vía judicial y con valores quintuplicados”, sostuvo, y planteó auditar derivaciones, indicaciones médicas, profesionales, abogados, intermediarios y juzgados intervinientes.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a los denominados “amparos exprés”. Giles afirmó que existen órdenes judiciales que llegan a IOMA sin que previamente haya existido un trámite administrativo, una auditoría, una demora o un rechazo de la obra social. En esos casos, explicó, el organismo recibe directamente una orden para cubrir determinada cantidad de horas con un prestador previamente seleccionado.
El presidente de IOMA también reconoció que la obra social atraviesa dificultades financieras. Calculó una presión extraordinaria de $24.551 millones mensuales vinculada, entre otros factores, al déficit de los afiliados municipales, el aumento en la utilización de prestaciones, el traslado de consumos desde PAMI y prepagas y el incremento del precio de medicamentos, prótesis, insumos y tecnología médica. A ese escenario, indicó, se suma el costo adicional generado por los acompañantes terapéuticos judicializados.
Respecto de los prestadores, Giles rechazó que exista un achicamiento del sistema y aseguró que IOMA pasó de unos 4.000 acompañantes terapéuticos en 2020 a alrededor de 7.000 actualmente. También defendió la revisión de coberturas de 12, 18 y hasta 24 horas diarias, al considerar que determinadas necesidades corresponden técnicamente a cuidadores domiciliarios y no necesariamente a acompañantes terapéuticos.
Finalmente, admitió demoras recientes en los pagos. Indicó que durante los primeros meses del año el plazo promedio entre la presentación de una factura y su libramiento fue de 48 días, mientras que las prestaciones de mayo llegaron a pagarse, en promedio, a los 57 días. Giles afirmó que la situación fue corregida, que comenzaron a abonarse las prestaciones de junio facturadas en julio y fijó como objetivo reducir el plazo de pago a 30 días.