El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido este viernes luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los últimos recursos presentados por su defensa y dejara firme la condena a ocho años de prisión por hechos de corrupción durante su gestión provincial.
Junto al exmandatario también fueron arrestados su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro Pedro Báez, ambos condenados a seis años de prisión en el mismo expediente. Urribarri y Aguilera fueron trasladados a Paraná y quedaron a disposición de la Justicia para comenzar a cumplir sus respectivas penas.
La decisión del máximo tribunal fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces consideraron inadmisibles los recursos extraordinarios que habían sido parcialmente concedidos por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en octubre de 2024.
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación se concentró en el direccionamiento de contrataciones vinculadas con la publicidad oficial entre 2010 y 2015.
Según la acusación, durante ese período se realizaron pagos a empresas sin actividad real mediante un esquema de testaferros que habría beneficiado a Aguilera. El expediente también abarcó gastos relacionados con la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.
La resolución de la Corte alcanzó además a otros condenados que habían presentado recursos para intentar revertir las sentencias. Entre ellos aparecen Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Belén Almada, además de Aguilera y Báez. Todos los planteos fueron desestimados.
Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y posteriormente fue embajador argentino en Israel. Ya había estado detenido durante unos 50 días desde noviembre de 2024, luego de que la Cámara de Casación Penal entrerriana considerara que existía riesgo de que pudiera frustrar el proceso.
Aquella medida fue revocada en enero de 2025 y el exgobernador permaneció desde entonces en su domicilio mientras aguardaba una definición. Con el rechazo de la Corte Suprema, la condena quedó firme y la Justicia ordenó nuevamente su detención para que comience a cumplir la pena.
