La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión y salió al cruce de las críticas. La magistrada aclaró que su planteo no apunta contra la reducción de la edad de imputabilidad, sino a las condiciones en las que comenzaría a funcionar el nuevo sistema.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Pascual advirtió que actualmente la Provincia no tendría la infraestructura ni los recursos suficientes para afrontar un eventual incremento en la cantidad de adolescentes privados de su libertad tras la entrada en vigencia de la normativa.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo la magistrada en declaraciones radiales. En ese sentido, dejó en claro que conoce la problemática vinculada con los delitos cometidos por menores y aseguró que también reclama respuestas frente a la inseguridad.
Su principal cuestionamiento está puesto en las condiciones de alojamiento y las herramientas de reinserción que recibirán los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió.
Pascual también respondió a quienes la calificaron de “garantista” por haber frenado la aplicación de la normativa. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, expresó.
Además, aclaró que su resolución no implica un rechazo a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años. Para la jueza, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal deben garantizarse establecimientos adecuados, personal especializado, educación, tratamientos y los recursos necesarios para aplicar las medidas previstas.
La suspensión surgió a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y tendrá vigencia durante 60 días. En ese período, la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses detallen de qué manera implementarán el nuevo régimen y cuáles serán los recursos disponibles.
