La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires sigue escalando en tensión política. En medio del enfrentamiento entre Nación y la gestión de Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntó nuevamente contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y reflotó una vieja polémica.
“Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera? Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie”, lanzó Santilli a través de las redes sociales.
La referencia del funcionario nacional remite a la controversia que se generó en 2021 alrededor de una licitación para adquirir 10.000 penes de madera destinados a actividades de promoción y educación sexual, entre ellas la enseñanza sobre el uso correcto del preservativo. La iniciativa había generado fuertes cuestionamientos de la oposición por el destino de los recursos públicos.
El nuevo mensaje de Santilli llegó como respuesta al cruce que ambos funcionarios mantienen desde este lunes. El jefe de Gabinete había cuestionado el silencio de Kicillof frente a la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, mientras Alonso le reclamó a Nación recursos para poder implementar el nuevo sistema.
El ministro bonaerense sostuvo que bajar la edad de imputabilidad no resulta suficiente si la reforma no viene acompañada por nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de detención, infraestructura y personal capacitado. Esa postura coincide con parte de los argumentos utilizados por Pascual para frenar temporalmente la aplicación del régimen.
La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, aseguró que su decisión no cuestiona la reforma en sí misma, sino las condiciones en las que comenzaría a aplicarse en territorio bonaerense. Según advirtió, actualmente no existirían los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.
“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó Pascual, quien sostuvo que encerrar a un adolescente sin educación, capacitación laboral ni asistencia terapéutica puede terminar convirtiendo los establecimientos en una “escuela de delito”.
En paralelo, la asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. La entidad considera que la suspensión de una ley nacional excede las facultades del tribunal y pidió intervenir en el expediente como amicus curiae.
