La pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costos vinculados con la salud están modificando los hábitos de los bonaerenses. Un nuevo estudio detectó que cada vez más personas postergan consultas, resignan medicamentos o dejan las prepagas, mientras una parte de esa demanda termina trasladándose hacia las obras sociales y el sistema público.
Uno de los datos centrales del relevamiento indica que el 72,3% de los encuestados considera que el Estado debe garantizar la cobertura de salud. Entre los bonaerenses, el Gobierno provincial aparece como el principal responsable de brindar esa cobertura, mientras que apenas el 12,4% se inclina por un esquema privado. La tendencia se profundizó respecto de 2025, cuando el respaldo al sistema estatal alcanzaba el 69%.
El impacto económico también comienza a verse directamente en los cuidados cotidianos. El 56,6% aseguró haber cambiado algún hábito de atención debido al aumento de los costos: el 24,1% postergó consultas médicas y el 18,1% dejó de comprar algún medicamento. Además, tres de cada diez encuestados dijeron haberse endeudado por cuestiones relacionadas con su salud.
La situación de las prepagas es otro de los puntos que aparecen en el estudio. El 51,3% afirmó conocer a personas que dejaron de pagar una cobertura privada y pasaron al sistema público o a una obra social. “La crisis económica no sólo afecta el bolsillo: empieza a modificar la manera en que las personas cuidan su salud”, explicó Melina Alcaraz, socióloga y coordinadora del relevamiento.
Ese desplazamiento también comienza a sentirse en IOMA. Durante el primer trimestre de 2026, la obra social provincial registró un incremento del 10% en la demanda de servicios médicos y medicamentos. Entre 7.533 afiliados identificados que trasladaron consumos desde otras coberturas, el 70% provenía de PAMI, el 22% de prepagas y el 8% de otras obras sociales.
El relevamiento advierte, de todos modos, que persisten cuestionamientos hacia IOMA vinculados con las demoras para conseguir turnos, el acceso a medicamentos, la disponibilidad de especialistas y las diferencias territoriales en las prestaciones. Al mismo tiempo, detectó una mayor valoración de la obra social provincial como respaldo frente al costo creciente de las alternativas privadas, especialmente para tratamientos complejos o de alto costo.
Por otra parte, el 48,5% de los consultados considera que la falta de recursos nacionales afecta mucho al sistema público bonaerense. Los investigadores describieron un “efecto en cascada”: la reducción de recursos nacionales se combina con las dificultades de las familias para sostener coberturas privadas y termina aumentando la presión sobre la Provincia, las obras sociales y los hospitales públicos.
“Cuando Nación se retira, el paciente no desaparece. Sigue necesitando una consulta, un medicamento o un tratamiento”, sostuvo Alcaraz. En ese escenario, el estudio concluye que IOMA y el sistema público bonaerense están adquiriendo un peso cada vez mayor como red de protección frente al deterioro de los ingresos y el encarecimiento de la salud privada.