Una presentación realizada ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires puso bajo la lupa el funcionamiento administrativo y financiero del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA), ante la presunta existencia de irregularidades que podrían configurar delitos contra la Administración Pública.
La denuncia fue impulsada por D. A., una asistente de Minoridad que solicitó que las actuaciones sean derivadas a una unidad fiscal especializada. Entre los principales puntos mencionados aparece el supuesto pago de horas extras y guardias que no se habrían realizado, cuyos fondos posteriormente habrían tenido un destino diferente al informado.
Según consta en la presentación, inicialmente se habría indicado que parte de ese dinero era utilizado para cubrir necesidades urgentes de los dispositivos, como la compra de medicamentos para menores alojados. Sin embargo, la denunciante pidió determinar cuál habría sido el destino efectivo de esos recursos y si se trató de situaciones aisladas o de una práctica habitual.
El planteo también alcanza a los servicios de catering y provisión de alimentos, ante posibles diferencias entre las raciones entregadas y aquellas asentadas administrativamente. Además, se requirió revisar cajas chicas institucionales, fondos destinados a servicios policiales y la correspondencia entre las partidas asignadas y el personal efectivamente afectado.
Otro de los ejes apunta a los depósitos e inventarios del organismo, donde se almacenan colchones, muebles, electrodomésticos, materiales de construcción y otros bienes adquiridos con recursos públicos. La presentación pretende establecer su destino y determinar si existen faltantes. También pidió revisar obras de infraestructura y contrataciones para comprobar que los trabajos realizados coincidan con las partidas presupuestarias.
La denuncia incorpora además un pedido para relevar cargos presupuestados, funciones, lugares de trabajo y situación administrativa del personal. Entre las personas cuya actuación se solicita investigar figura una directora de un dispositivo dependiente del organismo, aunque el planteo deja abierta la posibilidad de que las averiguaciones alcancen a otros niveles de la estructura.
Como elementos de prueba fueron ofrecidos testigos y se mencionaron conversaciones, capturas de pantalla, comprobantes bancarios, transferencias y documentación administrativa. Asimismo, se pidió preservar con urgencia documentación física, servidores y registros informáticos que eventualmente puedan resultar relevantes.
Ahora deberá definirse qué fiscalía intervendrá y si existen elementos suficientes para impulsar una investigación penal. Las medidas solicitadas incluyen auditorías sobre horas extras, guardias, compras, proveedores, depósitos, cajas chicas, servicios policiales, obras, contrataciones y cargos dentro del OPNYA.
