El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa anunciada por Javier Milei que busca endurecer las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El texto ingresó a la Cámara de Diputados y ahora deberá atravesar el debate legislativo.
La propuesta lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Economía, Luis Caputo. Uno de los principales cambios es que el régimen dejaría de concentrarse únicamente en las actividades hidrocarburíferas para alcanzar la explotación de recursos naturales renovables y no renovables.
El alcance comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina. Para quienes desarrollen actividades prohibidas, el proyecto contempla multas calculadas entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, junto con la suspensión o cancelación de permisos e inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.
Las penas más severas aparecen vinculadas a los hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización argentina podría recibir condenas de entre 12 y 20 años de prisión, mientras que para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos se prevén penas de entre 15 y 20 años y multas que podrían alcanzar el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo.
El proyecto también extiende las consecuencias a los proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales para esas operaciones con conocimiento de su destino. Además, las sociedades involucradas podrían enfrentar la suspensión de sus actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado e incluso, en determinados casos, su disolución o liquidación.
La iniciativa incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. Bajo determinadas condiciones, los involucrados podrían pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina y obtener el archivo de actuaciones administrativas y la extinción de la acción penal, salvo casos con sentencia firme o reincidencia.
El texto va más allá de Malvinas y propone crear un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. Ese organismo articularía áreas como Cancillería, Defensa, Economía e Inteligencia y tendría entre sus funciones elaborar una política de seguridad nacional y coordinar respuestas frente a amenazas externas.
Milei había anticipado el envío de la iniciativa durante su cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. Allí sostuvo que el objetivo era ampliar y endurecer las herramientas legales contra operaciones no autorizadas y extenderlas a otras actividades que afecten los recursos naturales argentinos. El proyecto deberá ahora conseguir la aprobación de Diputados y el Senado para convertirse en ley.
