Un peaje ubicado en la provincia de Buenos Aires quedó en el centro de la polémica luego de que transportistas denunciaran que los vehículos de carga deben pagar hasta $37.000 para recorrer apenas cinco kilómetros del ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez, en el partido de Ramallo.
El tramo conecta la Ruta Nacional 9 con el acceso al complejo industrial Ramallo-San Nicolás y constituye una vía estratégica para el movimiento de camiones vinculados a importantes compañías de la zona. Además, tiene incidencia sobre el traslado de cargas agropecuarias hacia el puerto de San Nicolás.
En ese contexto, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte de la Nación y solicitó la intervención del Gobierno nacional para suspender lo que calificó como un “peaje municipal encubierto”.
Según la entidad, el Municipio de Ramallo adjudicó mediante la Licitación Pública 3/25 a la empresa Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos sobre el camino. El esquema contempla cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y otros $25.000 por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico TAG.
Desde FADEEAC sostienen que el costo por kilómetro resulta un 120% superior al del peaje del Puente Zárate-Brazo Largo. A esto se suma una tasa municipal equivalente al 2% sobre cada litro de combustible comercializado en las estaciones de servicio del distrito, vigente desde enero.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento”, cuestionó el presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, quien advirtió que la eventual extensión de este tipo de esquemas a otros municipios podría incrementar los costos del transporte, las exportaciones y el comercio interior.
La entidad también planteó que existiría una doble imposición tributaria y cuestionó la constitucionalidad de las tasas. Por ese motivo, solicitó al Ministerio de Economía nacional que impulse una medida cautelar ante la Justicia para suspender los cobros.
La concesión fue otorgada por 20 años y, según los pliegos, contempla que la empresa privada se encargue del mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación. FADEEAC cuestionó, sin embargo, que la recaudación proyectada sería desproporcionada respecto de los costos necesarios para conservar la infraestructura vial.
