La Justicia volvió a intervenir en el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La decisión se produjo luego de que el magistrado analizara la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no se acreditó el cumplimiento total de la cautelar, que contempla la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
Cormick fijó un plazo perentorio de cinco días para que el Estado nacional haga efectivo lo ordenado. Además, advirtió que, si continúa el incumplimiento, podrá imponer astreintes, es decir, multas económicas por cada jornada de demora.
El conflicto judicial lleva varios meses. A comienzos de septiembre, el juez había rechazado un pedido del Gobierno para levantar la cautelar y había solicitado al Ministerio de Capital Humano que informara y documentara en tres días el grado de cumplimiento alcanzado.
El Ejecutivo había argumentado que un acuerdo alcanzado en junio, que incluyó una recomposición salarial y otras partidas para el sistema universitario, modificaba las circunstancias que habían motivado la cautelar. Sin embargo, Cormick consideró entonces que el Estado no había demostrado que esas medidas solucionaran de manera definitiva el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial.
La resolución se conoce en medio de nuevas medidas de fuerza de los trabajadores universitarios. Los gremios vienen reclamando el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y sostienen que la recomposición ofrecida por el Gobierno continúa por debajo de lo establecido por la normativa.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró la decisión judicial y reclamó que el Ejecutivo cumpla con lo dispuesto dentro de los plazos fijados.
La nueva intimación mantiene abierto uno de los principales frentes de conflicto entre la administración de Javier Milei y las universidades nacionales, ahora con un plazo judicial concreto y la posibilidad de sanciones económicas ante una nueva demora.