La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires salió al cruce de la denuncia formulada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y rechazó que haya existido un intento de ocultar pruebas o impedir el avance de una investigación judicial vinculada con el denominado caso Chocolate.
A través de un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y los presidentes de los bloques, el cuerpo legislativo aseguró que siempre actuó “ajustado a derecho” y que colaboró con la Justicia ante los requerimientos recibidos.
Uno de los principales argumentos de Diputados estuvo relacionado con el archivo de expedientes. Según explicó, esa posibilidad estaba contemplada en el reglamento desde 2002 y la decisión fue aprobada por más de dos tercios del cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la Legislatura el 19 de agosto.
La Cámara también sostuvo que los requerimientos y las decisiones administrativas cuestionadas no correspondían a la causa que involucra a Julio “Chocolate” Rigau, sino a otro expediente identificado como “Rodríguez María Eugenia s/ hurto”. En ese sentido, afirmó que ambas actuaciones deben analizarse por separado y remarcó que en el expediente Rigau entregó información solicitada por la Justicia.
Además, recordó que la investigación por el caso Chocolate avanzó, fue elevada a juicio y derivó en personas privadas de su libertad. Para las autoridades legislativas, esos elementos deben ser considerados frente a la acusación de que existió una conducta institucional destinada a obstaculizar el expediente.
El comunicado también defendió las garantías constitucionales de los diputados y calificó como “inadmisible” que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones. Para respaldar esa posición, citó el artículo 96 de la Constitución bonaerense y señaló que el archivo de los expedientes terminó siendo convalidado mediante una votación del cuerpo.
Finalmente, Diputados planteó que la división de poderes contempla controles recíprocos, pero sostuvo que esas atribuciones no pueden utilizarse para “condicionar, limitar o inhibir” el funcionamiento de otro poder. Al mismo tiempo, reconoció que ninguna facultad propia puede emplearse para impedir investigaciones judiciales legítimas. El documento fue firmado por el presidente de la Cámara, Enrique Dichiara, los vicepresidentes y los titulares de los distintos bloques políticos.