El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma.
La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick en un fallo de 50 páginas, al hacer lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, junto con otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El Congreso había aprobado la Ley 27.795 en agosto de 2025. Tras el veto total dispuesto por el Ejecutivo mediante el Decreto 647/25, Diputados y Senado insistieron con la iniciativa alcanzando los dos tercios de los votos. El Gobierno finalmente promulgó la norma el 20 de octubre de ese año, pero mediante el Decreto 759/25 suspendió su aplicación.
Para justificar esa decisión, el Ejecutivo se había apoyado en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que las leyes que autoricen gastos no contemplados en el Presupuesto deben especificar las fuentes de financiamiento. Sin embargo, Cormick consideró que la propia Ley de Financiamiento Universitario establece en su artículo 9° pautas para afrontar los gastos previstos.
“El Decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad”, sostuvo el magistrado, al considerar que el Ejecutivo suspendió la aplicación de una ley sobre la cual el Congreso había insistido con las mayorías agravadas previstas por la Constitución Nacional.
El conflicto ya había tenido resoluciones judiciales previas. En diciembre de 2025, Cormick dictó una medida cautelar que declaró inaplicable la suspensión y ordenó cumplir de inmediato con los artículos 5° y 6° de la ley, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y el pago de becas universitarias. La medida fue posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema.
Ante la falta de cumplimiento, el juez intimó en dos oportunidades al Poder Ejecutivo durante septiembre de 2026. Finalmente, este martes resolvió la cuestión de fondo, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y volvió a ordenar al Gobierno nacional la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y el giro de los fondos correspondientes.