El Gobierno de Javier Milei encara la recta final del año con varios frentes abiertos. La necesidad de conseguir respaldo legislativo, las diferencias con Patricia Bullrich y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos aparecen entre las principales preocupaciones de la Casa Rosada.
Uno de los objetivos inmediatos del oficialismo es avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra las empresas que explotan recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el proyecto enfrenta cuestionamientos de la oposición por la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con amplias atribuciones.
El organismo estaría bajo la órbita presidencial y tendría facultades para diseñar políticas de seguridad, coordinar organismos estatales, intervenir en el control de espacios aéreos, marítimos y fluviales, y adoptar medidas ante situaciones consideradas amenazas. Desde Unión por la Patria advierten que la propuesta concentra demasiado poder en el Ejecutivo y anticipan modificaciones durante su tratamiento en Diputados.
En ese escenario vuelve a aparecer Patricia Bullrich, cuya relación con el núcleo más cercano a Milei genera inquietud dentro del oficialismo. En sectores de la Casa Rosada consideran que la senadora busca construir un perfil propio y ganar protagonismo en las negociaciones políticas que se abrirán el próximo año. Pese a las diferencias, cerca del Presidente confían en que continuará dentro de La Libertad Avanza.
Las tensiones quedaron expuestas en distintas discusiones legislativas, donde Bullrich tomó distancia de algunas posiciones del Gobierno. Entre ellas aparecen sus cuestionamientos a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y sus reclamos de modificaciones presupuestarias vinculadas al sistema de discapacidad. Para algunos dirigentes libertarios, estos movimientos responden a una estrategia para aumentar su peso político.
Mientras tanto, la situación económica suma otro desafío. Empresarios industriales vienen reclamando medidas frente a la caída del consumo interno, la competencia de productos importados y las dificultades para sostener los niveles de producción. La preocupación es especialmente importante en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la actividad manufacturera del país.
Según un informe de septiembre de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 se perdieron 30.748 puestos de trabajo industriales registrados en territorio bonaerense, lo que representa una caída del 5,7%. El documento refleja las dificultades que atraviesa el sector y alimenta los reclamos de empresarios y sindicatos.
A este panorama se agregan las advertencias por el crecimiento del contrabando y los pedidos de mayores controles aduaneros. Referentes industriales, entre ellos sectores vinculados a Techint, plantean que el ingreso irregular de mercadería perjudica la competitividad de las empresas nacionales. Así, Milei llega al cierre del año con el desafío de ordenar su frente político, conseguir avances en el Congreso y responder a las demandas de una industria que reclama soluciones.