El Gobierno nacional busca avanzar a toda velocidad con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Este miércoles, el oficialismo intentará conseguir dictamen en la Cámara de Diputados mediante una serie de modificaciones que incluyen cambios en los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza y sus aliados mantendrían el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Sin embargo, eliminarían la restricción de 1.000 hectáreas para propietarios extranjeros en las zonas más productivas del país, una modificación que podría generar fuertes cuestionamientos de la oposición.
La estrategia del oficialismo apunta a flexibilizar la legislación vigente sin eliminar completamente las restricciones. De esta manera, el Gobierno también busca evitar que los bloques opositores avancen contra el DNU 70/2023, que había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras Rurales y cuya aplicación quedó atravesada por una disputa judicial.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue convocado para este miércoles a las 16. La intención libertaria es dejar el proyecto en condiciones de ser tratado en la sesión prevista para el próximo 21 de octubre, junto con otras iniciativas vinculadas a discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa está relacionado con los desalojos. El proyecto establece mecanismos para acelerar la restitución de inmuebles ocupados y contempla que los propietarios puedan solicitar judicialmente su devolución mediante documentación que acredite sus derechos. En determinadas circunstancias, el juez podrá intimar a los ocupantes a entregar la propiedad dentro de las 72 horas.
En el caso de los alquileres con deudas, los inquilinos tendrán un plazo mínimo de diez días para regularizar los pagos después de recibir la intimación correspondiente. Si no cumplen, el propietario podrá iniciar un proceso judicial de desalojo por la vía más breve prevista legalmente. La iniciativa también contempla la intervención de la fuerza pública cuando exista una resolución judicial que lo autorice.
Por otra parte, se introducen modificaciones en el régimen de expropiaciones, estableciendo criterios más restrictivos para declarar la utilidad pública de un inmueble. Las indemnizaciones deberán calcularse sobre el valor objetivo del bien y se contempla un reconocimiento por lucro cesante debidamente acreditado, con un límite del 30%.
Finalmente, el proyecto modifica la denominada Ley Pierri, que permite regularizar la titularidad de viviendas familiares. La propuesta contempla que quienes acrediten una posesión pacífica, continua y ostensible durante diez años puedan acceder al proceso de escrituración de su vivienda única y permanente, siempre que cumplan los requisitos establecidos.