La pérdida de puestos de trabajo registrados continúa golpeando al mercado laboral argentino. Entre enero y septiembre de 2026, un total de 145.004 trabajadores despedidos comenzaron a cobrar el seguro por desempleo, una cifra que representa un incremento del 29,4% respecto del mismo período del año pasado. La provincia de Buenos Aires aparece como el distrito con mayor cantidad de beneficiarios.
Según datos oficiales, durante los primeros nueve meses de 2025 se habían registrado 112.056 nuevas prestaciones, mientras que este año la cantidad trepó considerablemente. Los sectores más afectados fueron la industria, con 35.922 casos; el comercio, con 32.928; y la construcción, con 21.663 trabajadores que accedieron al beneficio.
En septiembre, un total de 127.613 personas cobraron la Prestación por Desempleo de la Seguridad Social. El monto promedio fue de $325.368, frente a los $274.324 registrados un año atrás. Aunque representa una mejora nominal del 18,7%, quedó muy por debajo de la inflación interanual del 33,4%, lo que refleja una pérdida del poder adquisitivo de quienes dependen de esta asistencia.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de beneficiarios del país, con 54.936 personas que percibieron el seguro durante septiembre. Muy por detrás aparecen Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.029. Del total nacional, 86.288 beneficiarios son varones y 41.325 son mujeres.
Los números también permiten dimensionar el impacto de la pérdida de empleo formal durante la gestión de Javier Milei. Desde enero de 2024 hasta septiembre de 2026 se contabilizaron 473.186 nuevas prestaciones por desempleo: 174.335 durante 2024, otras 153.847 en 2025 y 145.004 en los primeros nueve meses de este año. Como referencia, en 2023 se habían registrado 108.942 altas y en 2022, unas 86.268.
El seguro está destinado a trabajadores registrados que pierden su empleo sin justa causa, por finalización de contrato o por motivos ajenos a su voluntad. Para acceder, generalmente deben acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido. El beneficio puede extenderse hasta 12 meses, con una prolongación de seis meses adicionales para los mayores de 45 años.
El monto se reduce progresivamente a medida que transcurren los meses: durante los primeros cuatro se cobra el 100% de la prestación calculada, entre el quinto y el octavo se percibe el 80%, y desde el noveno hasta el duodécimo, el 70%. Durante ese período, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, las asignaciones familiares y el reconocimiento del tiempo para su futura jubilación.
El incremento de las prestaciones refleja las dificultades que atraviesan sectores centrales de la economía para sostener el empleo registrado. Con la industria, el comercio y la construcción entre los rubros más golpeados, el deterioro del mercado laboral suma presión sobre miles de familias, que además deben afrontar el costo de vida con una asistencia económica que pierde poder de compra frente a la inflación.