En el marco de una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó el proyecto de ley que busca combatir el vandalismo rural, incorporando figuras específicas y sanciones más severas al Código Penal para quienes atenten contra la producción agropecuaria. La iniciativa fue respaldada con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
El texto normativo, impulsado por el diputado Martín Ardohain, busca proteger la infraestructura y los bienes vinculados al sector productivo ante hechos delictivos como la rotura de silobolsas, la destrucción de cultivos, ataques al ganado o daños a instalaciones tecnológicas y reservas hídricas.
Penas, agravantes y modificaciones al Código Penal
El proyecto aprobado introduce modificaciones claves en la legislación penal para sancionar los delitos cometidos en establecimientos rurales:
Ingreso no autorizado (Art. 150 bis): Se fija una pena de un mes a un año de prisión para quien invada un establecimiento rural sin autorización, presumiéndose la negativa ante la presencia de cerramientos, alambrados o señaléctica. La sanción se elevará a dos años de prisión si el ingreso obstaculiza la actividad productiva o genera peligro para personas, animales o cultivos.
Daños al ciclo productivo (Art. 184 bis): Se establecen penas de dos a ocho años de prisión y multas económicas de tres a doce veces el valor del perjuicio ocasionado a quien dañe materias primas, ganado, silobolsas, maquinaria o instalaciones del establecimiento afectando el desarrollo productivo.
Agravantes y penas máximas: La pena máxima se elevará hasta los 10 años de prisión si el hecho es ejecutado por tres o más personas de manera coordinada, si provoca la pérdida total de la producción o interrumpe el ciclo productivo, o si media violencia. A su vez, la pena mínima se duplicará en caso de que el autor o instigador sea un funcionario público o una persona vinculada a la actividad agropecuaria.