Las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel del interior bonaerense salieron a cuestionar el proyecto de ley de biocombustibles impulsado por La Libertad Avanza y advirtieron que, de aprobarse sin modificaciones, más de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos quedarían en riesgo en la provincia de Buenos Aires.
A través de un comunicado titulado “No es una ley de consenso, es una ley contra las PyMEs”, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, que reúne a firmas bonaerenses, de La Pampa, Entre Ríos y San Luis, rechazó el texto que Patricia Bullrich impulsó en el Senado y que ahora se encuentra en discusión en Diputados.
El principal cuestionamiento apunta a que, si bien la iniciativa eleva del 7,5% al 10% el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil, reduce progresivamente la participación reservada a las pequeñas productoras hasta eliminarla por completo en 2036. Según la entidad, esto dejaría el negocio en manos de seis grandes aceiteras, principalmente ubicadas en Santa Fe.
“Con el 4%, cierran 14 de las 25 plantas pymes del país, exactamente las más alejadas del puerto; con el cero de 2036, cierran todas”, advirtieron desde la Cámara. En territorio bonaerense, señalaron que los empleos amenazados se distribuyen entre Ramallo, Junín, Daireaux, Bahía Blanca, Pilar y Saladillo.
Las empresas también cuestionaron que el nuevo esquema permitiría a las grandes aceiteras aprovechar instalaciones que actualmente tienen capacidad ociosa, sin necesidad de realizar nuevas inversiones. Además, alertaron sobre el impacto indirecto en unas 400 extrusoras de soja del interior que abastecen de aceite a las pequeñas plantas.
“Darles el mercado interno no genera una sola inversión nueva, ni un solo empleo adicional, ni una tonelada más de capacidad”, sostuvo Martelli, representante del sector, quien aseguró que la modificación implicaría transferir un mercado construido por las PyMEs hacia las grandes compañías exportadoras.
Frente a este escenario, las productoras propusieron elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15%, o establecer un piso intermedio del 12,5%, con segmentos que garanticen la continuidad de los volúmenes actualmente elaborados por las plantas regionales. También reclamaron mantener ese esquema durante toda la vigencia de la ley y revisar las restricciones vinculadas a los grupos económicos.
La discusión continuará en la Cámara de Diputados, donde las PyMEs buscarán introducir modificaciones para preservar su participación en el mercado. Mientras tanto, advierten que el futuro de numerosas plantas industriales del interior bonaerense y de miles de familias depende de cómo quede redactada la nueva legislación.
