Las pequeñas y medianas empresas argentinas deben afrontar al menos 62 obligaciones tributarias a lo largo del año, entre impuestos, tasas y regímenes administrativos. Así lo reveló un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que volvió a poner en discusión el peso del sistema impositivo sobre el sector productivo.
El relevamiento, denominado Vademécum tributario argentino de PyMEs 2026, identificó 34 tributos y 28 regímenes de percepción, retención e información que pueden alcanzar a una empresa representativa. Aunque las cifras muestran una leve reducción respecto del año anterior, los especialistas advierten que la complejidad del sistema continúa siendo un obstáculo para la competitividad.
De los 34 tributos identificados, 16 corresponden al ámbito nacional. Entre ellos aparecen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales. A nivel provincial se contabilizan otros ocho, encabezados por Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos.
En tanto, los municipios suman otros diez tributos, entre los que se destacan la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene, los derechos de Publicidad y Propaganda y distintas tasas vinculadas con inmuebles y vehículos. Esta superposición de obligaciones entre Nación, provincias y municipios representa uno de los principales desafíos para las empresas.
En comparación con 2025, la cantidad de tributos relevados bajó de 37 a 34, principalmente por la eliminación de impuestos internos sobre seguros y telefonía celular y un cambio metodológico. Los regímenes administrativos también disminuyeron de 30 a 28, aunque solamente uno de esos cambios implicó un alivio generalizado: la eliminación del régimen asociado al Impuesto PAIS.
Para elaborar el estudio, los investigadores tomaron como referencia una PyME constituida como sociedad de responsabilidad limitada, con empleados, establecimiento propio, vehículos, equipamiento tecnológico y operaciones de comercio exterior. También contemplaron los impuestos incorporados en las facturas de electricidad, gas, agua, telefonía e internet.
Sin embargo, el problema no pasa únicamente por la cantidad de impuestos, sino también por el costo de cumplir con ellos. Las empresas deben destinar tiempo, personal y recursos a presentaciones periódicas, declaraciones y trámites, bajo el riesgo de recibir multas por incumplimientos formales.
A esto se suma otra dificultad: la acumulación de saldos a favor generados por retenciones y percepciones. Según el informe, las demoras y trabas burocráticas para recuperar ese dinero terminan inmovilizando recursos que las PyMEs podrían utilizar para invertir, producir o sostener el empleo. En la práctica, esta situación funciona como una carga tributaria adicional para un sector que enfrenta crecientes dificultades para mantener su competitividad.
