La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto dejó mucho más que un mensaje religioso. Frente a personas privadas de la libertad, el Sumo Pontífice puso sobre la mesa una discusión que atraviesa desde hace décadas al sistema penitenciario argentino: qué debe hacer el Estado con quienes cometieron delitos y de qué manera puede garantizar que el cumplimiento de una condena se convierta en una verdadera oportunidad de transformación personal. Sus palabras también invitaron a observar las políticas que se desarrollan en las cárceles bonaerenses, donde el gobierno de Axel Kicillof viene impulsando obras de infraestructura y programas educativos, laborales y de reinserción social.
Durante su encuentro con los detenidos, León XIV escuchó testimonios atravesados por las adicciones, los errores del pasado y la posibilidad de reconstruir los vínculos familiares. El Papa fue contundente al afirmar que “el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo”, al tiempo que reconoció la dureza del encierro, la distancia de los seres queridos y las privaciones que enfrentan quienes cumplen una pena. Su reflexión apuntó a una responsabilidad que excede a los propios internos: generar condiciones para que la recuperación y la reinserción sean posibilidades reales y no solamente expresiones de buena voluntad.
Sin embargo, las palabras del Pontífice encontraron al sistema penitenciario federal atravesado por graves cuestionamientos. La Procuración Penitenciaria de la Nación documentó durante los primeros nueve meses de 2026 un total de 205 casos de torturas y malos tratos y presentó 55 denuncias penales por estos hechos. Los relevamientos oficiales también advierten sobre problemas vinculados con la atención sanitaria, las condiciones materiales de alojamiento y las dificultades para acceder a la Justicia. El contraste entre el ideal de una cárcel que permita reconstruir vidas y las condiciones denunciadas por los organismos de control expone uno de los principales desafíos del sistema federal.
En la provincia de Buenos Aires, la administración de Axel Kicillof sostiene una política penitenciaria que busca combinar la seguridad con la ampliación de derechos y las posibilidades de reinserción. Bajo la conducción del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, se desarrollan proyectos de infraestructura, capacitación y tratamiento penitenciario. Una de las iniciativas centrales es el Plan de Infraestructura Penitenciaria, iniciado en 2020, que contempla la construcción de ocho unidades y dieciséis alcaidías, con el objetivo de aumentar la capacidad de alojamiento, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención.
La educación constituye uno de los ejes de esa estrategia provincial. Según los datos publicados por el Servicio Penitenciario Bonaerense, más de 17.580 personas privadas de la libertad participan de distintos niveles de enseñanza, desde la escuela primaria y secundaria hasta carreras terciarias y universitarias. A través de convenios con instituciones como la Universidad Nacional de La Plata y otras universidades públicas, los internos pueden acceder a conocimientos y herramientas para desarrollar nuevos proyectos de vida. A esa oferta se suman las capacitaciones en oficios y actividades laborales, cuya matrícula institucional informada supera los 15.900 participantes. La apuesta es que el tiempo de encierro también permita adquirir habilidades útiles para la vida después de recuperar la libertad.
Otro aspecto de la gestión que encabezan Mena y Areses es la recuperación de espacios penitenciarios para actividades educativas, culturales y de tratamiento. En las unidades 34 y 45 de Melchor Romero, en La Plata, fueron inaugurados Centros de Abordaje Integral en sectores donde anteriormente funcionaban espacios de aislamiento. Durante aquella presentación, Mena explicó que la transformación respondía a una decisión política de Kicillof y que buscaba convertir esos lugares en ámbitos donde el arte, la cultura y la educación funcionaran como herramientas de reinserción. Se trata de una intervención que refleja el enfoque que la Provincia busca desarrollar dentro de sus establecimientos.
Las inversiones también alcanzan a otros puntos del territorio bonaerense. En la Unidad 15 de Batán, el ministro Mena inspeccionó recientemente obras de ampliación y mejoras edilicias que incluyen la recuperación de pabellones, la construcción de 120 nuevas plazas y un futuro espacio destinado a talleres productivos. Allí funciona, además, un Centro Pastoral Universitario que brinda formación académica y acompañamiento a personas detenidas. Durante la recorrida, el funcionario destacó que “la educación, el trabajo y la cultura son el único camino para construir nuevas oportunidades”, una definición que encuentra puntos de contacto con el mensaje pronunciado por León XIV.
La reinserción también requiere acompañamiento cuando se acerca el momento de recuperar la libertad. En ese sentido, el Servicio Penitenciario Bonaerense puso en marcha durante noviembre un dispositivo de preegreso en la Unidad 36 de Magdalena, articulado con el Patronato de Liberados, para trabajar sobre proyectos personales, familiares y laborales. A fines de octubre, Mena y Areses participaron además de una jornada en la Universidad Nacional de La Plata dedicada a debatir un nuevo modelo penitenciario alternativo. Estos programas y espacios de discusión muestran una agenda institucional que busca abordar la ejecución de las penas desde una perspectiva que no se limite exclusivamente al encierro.
En definitiva, el mensaje de León XIV plantea un horizonte que interpela tanto al sistema federal como al bonaerense: las cárceles no deberían limitarse a castigar, sino ofrecer condiciones para que quienes recuperen su libertad puedan construir una vida diferente. Las políticas de educación, trabajo, infraestructura y acompañamiento impulsadas por Kicillof, Mena y Areses constituyen experiencias concretas que pueden contribuir a ese objetivo, siempre que estén acompañadas por el respeto efectivo de los derechos humanos y mejoras verificables en las condiciones de detención. Porque seguir el camino señalado por el Papa exige algo más que discursos: requiere que cada persona privada de la libertad encuentre oportunidades reales para cambiar su futuro.
