Un revés judicial golpea a la subsecretaría de Comunicación Pública de la Municipalidad. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó que el Municipio continúa incumpliendo una sentencia firme que la obliga a establecer reglas claras, objetivas y razonables para distribuir los fondos públicos destinados a publicidad oficial entre los distintos medios de comunicación.
La resolución, firmada el 10 de noviembre, se produjo en el marco de una causa iniciada por Edigráfica S.A., empresa vinculada al diario Hoy, y dejó en evidencia que el Municipio todavía no acreditó haber cumplido con las obligaciones establecidas judicialmente. Los magistrados ratificaron que no alcanza con contratar publicidad con un medio determinado: la Comuna debe dictar un acto administrativo que establezca los criterios generales para distribuir los recursos publicitarios.
El conflicto tiene antecedentes que se remontan a septiembre de 2023, cuando la Justicia ordenó a la Municipalidad presentar un modelo de distribución de publicidad oficial que contemplara las características de los diferentes medios. Un mes después, la Cámara aclaró que esa obligación comprendía tanto la elaboración de criterios generales para asignar las partidas presupuestarias como la contratación de publicidad con el diario Hoy en proporción a la otorgada a otros medios gráficos.
Lo más contundente del nuevo pronunciamiento es que la Justicia exige expresamente que la distribución de publicidad oficial contemple a los medios gráficos, televisivos, radiales y digitales, mediante parámetros objetivos, razonables y proporcionados. De esta manera, el fallo coloca bajo la lupa los mecanismos utilizados por el Ejecutivo municipal para decidir cómo se distribuyen los fondos públicos destinados a los medios de comunicación.

En su resolución, los jueces fueron categóricos al señalar que la obligación de dictar ese acto administrativo no representa una simple formalidad. Por el contrario, explicaron que resulta indispensable establecer los fundamentos jurídicos y los criterios que deben regir la asignación de recursos públicos. En otras palabras, la Municipalidad no puede dar por cumplida la sentencia simplemente porque haya reanudado la contratación de publicidad con el diario Hoy.
La Cámara también rechazó el argumento municipal según el cual la empresa demandante había reconocido que las contrataciones publicitarias se habían retomado en mayo de 2024. Para los magistrados, ese reconocimiento no implica que Edigráfica haya renunciado a exigir el cumplimiento de la restante obligación judicial. Además, advirtieron que, sin conocer los criterios generales de distribución, resulta imposible verificar si la publicidad asignada cumple con la proporcionalidad exigida.
El incumplimiento ya había motivado una resolución del 10 de agosto de 2026 que impuso a la Municipalidad multas de $20.000 por cada día de demora. El Ejecutivo apeló la medida, cuestionó su aplicación retroactiva y consideró desproporcionado el monto. Sin embargo, la Cámara mantuvo la sanción económica y únicamente modificó su fecha de inicio: las multas deben calcularse desde el 11 de agosto de 2026 y continuar hasta que se cumpla la obligación pendiente.
La decisión judicial también podría tener consecuencias más allá del conflicto con el diario Hoy. Al ratificar la obligación de establecer criterios generales para distribuir la publicidad oficial entre distintas categorías de medios, el pronunciamiento constituye un antecedente relevante para radios, portales digitales y otros medios de comunicación que consideren que existe un trato desigual en la asignación de recursos públicos. Aunque el fallo no reconoce automáticamente el derecho de todos los medios a recibir pauta, sí confirma una obligación concreta del Municipio respecto de las reglas que deben regir su distribución.
Otro aspecto significativo es que la discusión sobre las obligaciones municipales ya había quedado definitivamente resuelta luego de que la Suprema Corte bonaerense declarara mal concedido un recurso extraordinario presentado por la Comuna en noviembre de 2024. Por ese motivo, la Cámara sostuvo que el alcance de la condena no puede volver a discutirse y que las dos obligaciones establecidas judicialmente continúan siendo exigibles.
El escenario deja a la subsecretaría de Comunicación Pública frente a una situación judicial comprometida: existe una sentencia firme que exige establecer criterios objetivos para distribuir la publicidad oficial, una nueva resolución que confirma su incumplimiento y una multa diaria que continúa vigente. Mientras tanto, permanece sin acreditarse ante la Justicia el cumplimiento del mecanismo de distribución que debe permitir verificar cómo se asignan los recursos públicos destinados a los medios de comunicación de La Plata.







