El futuro de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires quedó atrapado en las negociaciones políticas de la Legislatura. Ante el próximo vencimiento de los mandatos de Guido Lorenzino y sus ocho defensores adjuntos, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de extender sus funciones hasta 2028, debido a las dificultades para alcanzar un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
En los principales bloques legislativos consideran que dejar al organismo sin conducción sería el peor escenario posible. La preocupación tiene como antecedente lo ocurrido con la Defensoría del Pueblo de la Nación, que permanece sin un titular designado desde 2009. Una situación similar en territorio bonaerense podría limitar seriamente la capacidad institucional para presentar amparos, iniciar demandas judiciales y defender los derechos de los ciudadanos.
La actual conformación de la Defensoría fue aprobada el 13 de junio de 2022 mediante un expediente firmado por la vicegobernadora Verónica Magario y quien entonces presidía la Cámara de Diputados, Federico Otermín. Lorenzino había llegado al cargo en 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal, y consiguió su reelección cinco años después, ya con Axel Kicillof al frente de la Gobernación.
Más allá de su función institucional, la Defensoría representa un espacio de fuerte interés para los distintos sectores políticos. El organismo contará el próximo año con un presupuesto superior a los $45.000 millones y dispone de una estructura territorial que permite abrir delegaciones en diferentes municipios bonaerenses, una herramienta especialmente atractiva para las fuerzas que buscan ampliar su presencia en el interior provincial.
El principal obstáculo es la falta de consensos. En la Legislatura prácticamente descartan que pueda alcanzarse un entendimiento antes de finalizar 2026 y tampoco aparecen perspectivas favorables para los primeros meses de 2027, cuando la actividad política estará condicionada por el calendario electoral. Por ese motivo, algunos sectores consideran que una definición recién podría llegar en 2028, con una nueva composición legislativa y otro escenario político provincial.
La Constitución bonaerense establece que el Defensor del Pueblo tiene un mandato de cinco años y puede ser reelegido una sola vez. Sin embargo, los cargos adjuntos fueron incorporados mediante la legislación que regula el organismo. Durante el primer período de Lorenzino existían tres defensores adjuntos, pero en 2022 esa cantidad se amplió a ocho como parte de las negociaciones necesarias para garantizar los acuerdos políticos.
En paralelo, circuló la posibilidad de incorporar la discusión sobre la Defensoría a una negociación más amplia que incluya las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense y la restitución de las reelecciones indefinidas para los intendentes. Aunque algunos sectores del peronismo rechazan esa alternativa, el tratamiento del presupuesto provincial podría convertirse en el escenario donde oficialismo y oposición intenten destrabar varios de estos conflictos.
Las tensiones también alcanzan directamente a Kicillof. A fines del año pasado se había avanzado en un entendimiento para distribuir las vacantes judiciales entre distintos sectores del peronismo y el radicalismo, pero el gobernador nunca envió los pliegos correspondientes. Mientras legisladores oficialistas y opositores cuestionan el incumplimiento de aquel acuerdo, desde la Gobernación sostienen que las negociaciones quedaron quebradas tras los enfrentamientos políticos registrados a comienzos de año.