El Gobierno de Javier Milei busca acelerar las negociaciones políticas para avanzar con uno de sus principales objetivos legislativos: eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la Casa Rosada aseguran que existe optimismo por el respaldo de los gobernadores, aunque reconocen que todavía faltan votos para garantizar la aprobación en el Senado.
Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo pretende terminar definitivamente con las primarias, pero está dispuesto a aceptar una nueva suspensión si no consigue los consensos necesarios. En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aparece como una de las principales figuras encargadas de construir acuerdos con los mandatarios provinciales y los bloques aliados.
La estrategia libertaria apunta a conseguir 37 votos en la Cámara alta, donde La Libertad Avanza cuenta actualmente con 21 senadores. Para alcanzar ese número, el Gobierno necesita sumar voluntades entre los 10 legisladores de la Unión Cívica Radical, los tres representantes del PRO y los bloques provinciales.
Desde Balcarce 50 anticipan que durante la próxima semana podrían conocerse pronunciamientos públicos de gobernadores a favor de la iniciativa. Sin embargo, el panorama todavía presenta dificultades, especialmente por la postura del PRO, que históricamente defendió la existencia de elecciones primarias, aunque planteó que deberían dejar de ser obligatorias.
En el radicalismo, mientras tanto, todavía no existen definiciones concretas. Esta situación obliga al oficialismo a intensificar las conversaciones antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. De todos modos, en el Gobierno descuentan que habrá una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias.
Las mayores advertencias surgieron incluso dentro del propio espacio libertario. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, manifestó ante sus colaboradores que los votos para suspender las PASO todavía no están garantizados y reclamó que Santilli demuestre que cuenta con los respaldos necesarios. La situación volvió a dejar expuestas las diferencias internas sobre la estrategia parlamentaria.
A las dificultades políticas se suma la presión de los tiempos electorales. La Justicia Nacional Electoral advirtió el pasado 8 de septiembre que el Congreso se encuentra cerca del límite temporal recomendado para modificar las reglas del sistema electoral. A través de una acordada, remarcó que cualquier reforma debe aprobarse con suficiente anticipación para permitir su correcta implementación.
Con este escenario, el Gobierno apuesta a cerrar acuerdos contrarreloj para modificar el sistema electoral antes de 2027. La próxima semana será determinante para conocer si el optimismo de la Casa Rosada se traduce en votos concretos o si la eliminación de las PASO vuelve a encontrar obstáculos en el Congreso.