El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves, por unanimidad, el nuevo régimen de protección para las personas con discapacidad. La iniciativa obtuvo el respaldo de los 71 legisladores presentes y representa un cambio de postura del oficialismo, que un año atrás había rechazado la legislación de emergencia destinada a sostener las prestaciones y los derechos del sector.
La aprobación se produjo después de meses de reclamos de organizaciones, familiares, profesionales y prestadores, que denunciaron dificultades para garantizar tratamientos y servicios esenciales. El conflicto también había recibido el respaldo del papa León XIV, quien acompañó los reclamos de los colectivos de discapacidad.
La nueva normativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reproduce prácticamente todos los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio. De esta manera, las garantías dejarán de depender de sucesivas declaraciones de emergencia y pasarán a integrar un régimen permanente.
Uno de los aspectos centrales es que las personas con discapacidad podrán continuar percibiendo una pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima y, al mismo tiempo, desempeñar un empleo formal o inscribirse en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La legislación también mantiene el nomenclador único de prestaciones, establece actualizaciones automáticas y periódicas de los aranceles según la movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura médica básica a través del programa federal Incluir Salud. Además, dispone que el presupuesto destinado al área de discapacidad no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Durante el debate, el senador libertario Agustín Monteverde defendió la decisión de reemplazar la emergencia por una legislación permanente. “La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad”, sostuvo. En la misma línea, Patricia Bullrich calificó la iniciativa como “un acuerdo social y un acuerdo político” y aseguró que permitirá brindar mayor estabilidad a las familias.
Desde la oposición, Alicia Kirchner advirtió que la sanción constituye apenas un punto de partida y remarcó que ninguna ley puede reparar automáticamente los derechos vulnerados. Por su parte, Lucía Corpacci cuestionó las políticas implementadas por Javier Milei y atribuyó el avance legislativo a la movilización de las organizaciones de discapacidad. “Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”, afirmó.
El senador radical Maximiliano Abad también respaldó la iniciativa y recordó las dificultades que atravesó el sistema durante los últimos años, con profesionales afectados por aranceles congelados, demoras en los pagos e instituciones que enfrentaron serios problemas económicos. Para el legislador, resulta fundamental avanzar hacia políticas públicas sostenidas que permitan garantizar los tratamientos.
La norma incorpora, además, auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre organismos nacionales, entre ellos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. También establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la legislación.
La votación dejó una señal política contundente: después de un año de enfrentamientos por el financiamiento del sistema, oficialismo y oposición coincidieron en sostener los principales beneficios que habían generado fuertes disputas con el Gobierno nacional. Ahora, el desafío será garantizar los recursos y la implementación efectiva de una ley que busca terminar con la incertidumbre de miles de familias argentinas.