Política y Economía 10/01/2017 . Hora: 11:03

La gobernadora decidió extender por un año más la medida, que vencía el 26 de enero, la cual habilita dispositivos para dinamizar las compras o servicios en el Estado provincial. El objetivo de la norma es acelerar el equipamiento de las fuerzas bonaerenses
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con las firmas de la gobernadora María Eugenia Vidal y del jefe de Gabinete Federico Salvai, promulgó ayer la prórroga por un año de la Emergencia en Seguridad, que prescribía el próximo 26 de enero, habilitando de esa manera los procesos de excepción para apresurar las adquisiciones o servicios que presta el Ejecutivo.
Según se desprende de la Emergencia, la misma faculta al ministro encargado del área, Cristian Ritondo, a fijar y configurar el sistema de seguridad, así como también a reconvertir las misiones, jurisprudencias y labores de la Policía. Además, le da al Ministerio la capacidad para decidir, sin interferencias de otro órgano público, en las contrataciones de los servicios y en la ejecución de obras bajo procedimientos de excepción.
La normativa, que fue publicada en el Boletín Oficial, establece también que “los ministerios de Seguridad y de Justicia deberán dar cuenta de su actuación a los Organismos de la Constitución que no hayan intervenido previamente, conforme a la legislación vigente”.
Por medio de la Emergencia, desde la Provincia se pueden adoptar, en forma inmediata y sin intermediación de ningún tipo, todas las medidas que resulten necesarias para que puedan proceder a la reorganización y planificación de los aspectos operativos, así como la compra de equipamientos y materiales para el Sistema de Seguridad Pública bonaerense.
Aspectos centrales
De acuerdo a lo que se pudo conocer extraoficialmente, una de las tareas esenciales que se tendrá con la extensión de la normativa desde el Ministerio de Seguridad es responder a la necesidad interna que hay dentro del organismo de reasignar funciones y destinos al personal, no solo de la Bonaerense, sino también de las distintas fuerzas de seguridad locales en el interior provincial.
Para las autoridades, es fundamental que se trabaje en forma conjunta con Asuntos Internos y otras áreas en la resolución concreta y efectiva en la disponibilidad de los agentes acusados de delitos, pudiendo así desafectarlos en forma inmediata del servicio, y jubilar o pasar a retiro a los involucrados, adoptando así decisiones que favorezcan a la “buena” Policía por sobre los “malos”efectivos.
Además, se lo autoriza a Ritondo a tener entre sus facultades la chance de convocar a servicio activo al personal policial que se encuentra en situación de jubilarse, es decir, aquellos efectivos que pasaron a retiro por haber prestado los años de servicio y cumplir con la edad para acceder a la jubilación.
Con esta medida, el gobierno de Vidal apunta a dar soluciones sólidas a un problema que se ha visto acrecentado con el correr de los años, con hechos delictivos que se cometen cada vez con mayor violencia y frecuencia, y que han dejado a un pueblo indemne al accionar de los delincuentes.
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