La lucha contra las mafias es uno de los ejes de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, por lo que este año la mandataria decidió ampliar el rango de los agentes de la Policía Bonaerense obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes patrimoniales.
En abril pasado Vidal estableció como fecha límite el 31 de octubre para que todos los funcionarios policiales, del Servicio Penitenciario y agentes del Poder Ejecutivo presenten sus declaraciones juradas en formato digital.
Sin embargo, este diario pudo saber que de los 14.500 policías que debían declarar sus bienes, cerca de 1.500 no lo hicieron en la Escribanía General de Gobierno y unos 700 tampoco se presentaron a la Auditoría General de Asuntos Internos. También trascendió que el Ministerio de Seguridad dio un ultimátum y puso como nuevo plazo el 30 de noviembre. De esta manera, si para el jueves próximo los uniformados no cumplen con la presentación de sus declaraciones juradas van a ser sancionados.
Si bien en 2016 debieron informar sus ingresos y bienes unos 7.500 policías de la Bonaerense con jerarquías desde subcomisarios, este año lo debieron hacer el doble de ellos, ya que se amplió el requisito al rango de oficial inspector o equivalente, a todo el personal de jerarquía inferior a cargo de una comisaría y a todo el personal que preste servicios, sin importar jerarquía o función, en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.
Asimismo, durante el corriente año, otra de las novedades fue que las declaraciones juradas debieron ser presentadas en formato digital, con el objetivo de reducir gastos, acelerar el proceso de entrega y transparentar el proceso.
UN MILLONARIO QUE FUE DENUNCIADO
Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad de la Provincia dispuso sanciones para 154 policías que debían declarar sus bienes y no lo hicieron.
Del total de 6.341 policías que fueron obligados a presentar sus declaraciones juradas, habían quedado sin hacerlo unos 390, por lo que el Ministerio había resuelto prorrogar el plazo por otros 30 días.
Cumplida esa extensión, fueron 154 los uniformados que no se adecuaron a la exigencia legal, y fueron investigados ante la Unidad de Información Financiera (UFI) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Luego se detectó el caso del comisario inspector Néstor Omar Martín, quien era responsable de coordinación operativa de la Policía, tenía una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta sería accionista en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol. Martín renunció a su cargo y Asuntos Internos lo denunció en la Justicia penal.
