El Gobierno de Axel Kicillof busca avanzar antes de fin de año con la aprobación de una ley que pretende regular el trabajo mediante plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa comenzó a discutirse en comisión en el Senado bonaerense y contempla una serie de obligaciones para las empresas que operan con aplicaciones de reparto y traslado.
El proyecto fue analizado en la Comisión de Trabajo y Legislación Social, con la participación de representantes sindicales, trabajadores de aplicaciones y legisladores. Tras el encuentro, la presidenta de la comisión, María Rosa Martínez, manifestó su intención de continuar el debate en una próxima reunión para acelerar su tratamiento, aunque los tiempos legislativos aparecen como uno de los principales obstáculos.
La propuesta forma parte de un paquete de iniciativas que Kicillof había anunciado ante la Asamblea Legislativa, junto con la creación de un Centro de Industria Farmacéutica y un Sistema Integrado de Salud. Sin embargo, las tensiones internas del peronismo y las demoras parlamentarias postergaron su discusión, por lo que el oficialismo busca recuperar terreno antes del cierre del período legislativo.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Registro Provincial de Trabajo mediante Plataformas Digitales, en el que deberán inscribirse las empresas y proporcionar información sobre la cantidad de trabajadores, sus condiciones de contratación, las horas trabajadas, los ingresos promedio y los intermediarios que participan de la actividad.
Además, la iniciativa establece que las compañías deberán contratar seguros obligatorios de accidentes personales para quienes prestan servicios mediante sus aplicaciones. La cobertura deberá incluir muerte accidental, invalidez permanente total o parcial y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. También alcanzará el período comprendido entre la conexión y desconexión de la plataforma y determinados desplazamientos relacionados con el trabajo.
Otro aspecto importante es la instalación de paradores para repartidores y trabajadores de aplicaciones, que deberán contar con sanitarios, agua potable, espacios para descansar y alimentarse, lugares seguros para guardar pertenencias y estacionamiento para los vehículos. Para concretar estos espacios, el proyecto contempla la participación de los municipios y las empresas.
La propuesta también prevé desarrollar una aplicación móvil provincial con herramientas de seguridad, mecanismos para reportar emergencias, información sobre trámites y acceso a capacitaciones. El objetivo declarado por el Ejecutivo es mejorar las condiciones de quienes trabajan bajo estas modalidades y establecer un marco de protección específico para el sector.
Por el momento, la iniciativa todavía debe superar el debate legislativo para convertirse en ley. El Gobierno bonaerense pretende acelerar los acuerdos y conseguir su aprobación durante 2026, en medio de una agenda parlamentaria condicionada por el cierre del año y las negociaciones políticas.
