El titular del Juzgado Federal nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, no solo se encuentra en la mira judicial por beneficiar a represores amigos del exmandamás del Ejército César Milani, sino también por cajonear causas que tocan de cerca a lo más alto del poder político de la década pasada.
De acuerdo a lo que pudo averiguar diario Hoy, en los Tribunales ubicados en calle 8 entre 50 y 51, desde hace más de un año duerme una causa que involucra a la regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con el desvío de fondos provenientes de contratos firmados con el Ministerio de Desarrollo Social que controlaba Alicia Kirchner.
La causa, que lleva el número 6089/2016, está radicada en el juzgado de Kreplak desde el 29 de diciembre de 2016. Sin embargo, desde entonces no se ha llamado a nadie a indagatoria, a la vez que los pedidos de allanamientos y de introducción de nuevos elementos probatorios han sido denegados en forma sistemática por el juez federal.
Hasta el momento, a 369 días de que el expediente se encuentra descansando en su despacho, el magistrado no ha ordenado ninguna acción concreta para investigar los quince convenios establecidos por la casa de altos estudios con el área que conducía la cuñada de Cristina Kirchner por un valor de $181.558.900, a la vez que están también bajo la lupa siete acuerdos rubricados entre 2013 y 2014 por el Ministerio de Desarrollo Social con la Fundación Tecnológica Facultad Regional La Plata por $36.757.579.
Todos los contratos fueron refrendados entre 2008 y 2015, período durante el cual la regional platense que conduce el ingeniero Carlos Fantini manejó nada más y nada menos que $1.121 millones. Los convenios establecían desarrollar obras para los programas Argentina Trabaja, Manos a la Obra, Ingreso Social con Trabajo, que se sospecha nunca fueron ejecutadas.
PRUEBAS SIN INVESTIGAR
Hasta el momento Kreplak no ha tenido en cuenta los datos que salieron de una auditoría realizada en 2016 por la UTN Nacional en colaboración con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), los cuales revelan pruebas lapidarias del mal manejo de los dineros públicos por parte de la UTN platense.
A partir de los mismos se muestra cómo desde la unidad académica no se asignó a cada convenio su correspondiente número de registro, así como tampoco se asentó la facturación emitida y recibida como consecuencia de la ejecución de los acuerdos en una contabilidad auxiliar.
Según la auditoría, las irregularidades son tan grandes que llegan incluso a que en la UTN La Plata "no existan documentos formales que hayan determinado las misiones y funciones" de los integrantes que participaron en el cumplimiento de los contratos. Además, las notas existentes en la universidad "no se encuentran asociadas a ninguna rendición de cuentas, provocando una mayor incertidumbre en cuanto a la motivación de los actos administrativos aprobados para la ejecución de los convenios".
A esto se le agrega que Kreplak no ha considerado por el momento válido el trabajo de la Sigen, que entre otras cosas, advierte que las rendiciones de cuentas por parte de la regional La Plata "no se encuentran respaldadas por documentación que certifique los ingresos y egresos de los convenios", así como también indica "la falencia en la rendición de cuentas" donde se le pide al Rectorado de la casa de estudios que accione debido "al agravante de la utilización de fondos provenientes del Tesoro Nacional".
De este modo, a pesar de las pruebas contundentes que se desprenden del trabajo de la Sigen, Kreplak ha desestimado el mismo, dejándolo dormir en los cajones de su escritorio.
