Después del tembladeral por el dólar, el gobierno se convenció de que debe acelerar el ajuste fiscal para no depender tanto del financiamiento externo.
Ahora viene lo peor: explicarle a la sociedad que estas tres semanas de angustia se curan con más austeridad. Macri entiende que ya no le quedan muchas balas para pedirle austeridad a los argentinos. Por eso convocó al "peronismo racional" para avanzar en un Gran Acuerdo Nacional, que en la práctica implica repartir el costo político de un ajuste acelerado.
El gobierno cree que las provincias no gastan de manera eficiente y seguirá monitoreando el compartimiento de sus finanzas. Pero negociará un reaseguro mayor: que los presupuestos del 2019 crezcan por debajo de la inflación proyectada. Dicho de otro manera: Macri busca trasladar el ajuste (o compartirlo) con los eslabones inferiores.
El oficialismo se cansó del doble discurso del kirchnerismo, la izquierda y buena parte del massismo, que pretenden bajar la inflación y la deuda externa pero sin proponer una baja real del gasto público.
Cambiemos tampoco tuvo coraje para debatir un tema tabú y trascendental: qué hacer con el sistema previsional. De cada 100 pesos que gasta el Estado Nacional, 40 se van para jubilaciones y pensiones. Dicho de forma más trágica: Argentina se endeuda para pagar jubilaciones. Es insostenible.
El diputado Martín Lousteau pidió tratar seriamente este tema. Muchos senadores justicialistas también están dispuestos a discutir una reforma para darle sustentabilidad al régimen. El gobierno anterior incluyó en el sistema a 2 millones de personas que no habían hecho aportes. En el oficialismo no lo dicen abiertamente, pero esa es la causa de los desaguisados fiscales.
Por no querer discutir ese gasto, entonces el gobierno debe pegar un rodeo y exprimir aún más los subsidios a las tarifas, recortar la obra pública y endurecer su postura ante las Provincias.
El presupuesto 2018 ilustra los problemas de una economía emparchada. El ministerio de Trabajo se queda con el 44% total del presupuesto y casi un 80% de esos fondos se destinan exclusivamente a la seguridad social.
Los servicios de la deuda representan el 14% del gasto total. Para decirlo de otra forma: los intereses de la deuda triplican al presupuesto de Seguridad de 2018. La obra pública sufrirá recortes, pero difícilmente el gobierno quiera frenar este motor de cara a las elecciones de 2019. Por ejemplo, los recursos que controlaba el Ministerio de Interior y Obras Públicas en 2017 representaban un 2.40% del total, mientras que este año (sin elecciones) descendía sensiblemente al 2.05%.
Marcos Peña es el guardián ideológico del gradualismo y Prat Gay fue su ejecutor más comprometido. Macri compró esta idea: hacer correcciones (léase ajustes) de manera lenta para ordenar la macroeconomía y mientras tanto recurrir al financiamiento externo. Hoy está en juego si el mundo cree en este camino gradual de correcciones.
La concertación con el justicialismo es clave. La carga de un ajuste fiscal debe ser una mochila que todos lleven. Y a eso apunta el Gran Acuerdo Nacional.
