El juez en lo Comercial Javier Cosentino dispuso la intervención en todas las empresas del Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa. El objetivo de esta medida es preservar los patrimonios de las sociedades mientras se tramita la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, que era controlante del resto de las compañías del conglomerado. Entre ellas están las de medios de comunicación, ya que es la principal accionista de los mismos.
Cosentino había decretado la quiebra de la empresa, que ya estaba intervenida, en un esquema de continuidad productiva, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo tras el fracaso del proceso de salvataje. Por su parte los interventores ya habían expuesto su postura al argumentar que ese proceso iba a dilatar un "final inexorable".
Días atrás el juez permitió que YPF junto a la empresa DAPSA operen la empresa Oil, hasta que se resuelva la venta definitiva. En los próximos cuatro meses la Justicia deberá llamar a una licitación para vender definitivamente Oil Combustibles, y en esa puja YPF y DAPSA se reservaron el derecho de igualar la mejor oferta, con lo que podrían asegurarse la adquisición.
Tanto López como De Sousa están detenidos por la falta de pago de sumas millonarias en impuestos al expendio de combustibles de Oil, en una suma que ascendería a más de $ 20 mil millones. Ambos habían sido liberados pero luego fueron arrestados nuevamente por orden de Casación, en un fallo que fue ratificado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal porteña, que rechazaron un pedido de liberación.
De acuerdo a la investigación los empresarios se dedicaron de manera sistemática y constante a "llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos" entre 2013 y 2015, fondos que usaron para capitalizar a otras empresas del Grupo Indalo.
Para la Justicia Oil Combustibles fue una "estructura societaria para el fraude" ya que primero se generó una "acumulación ilegítima de deuda" del impuesto al combustible, y luego se benefició con el otorgamiento "irregular de planes de facilidades de pago" por parte de la AFIP durante el kirchnerismo, cuando Ricardo Echegaray -también investigado en la causa- estaba a cargo del organismo recaudador.
