La Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó durante una audiencia pública los argumentos de las partes, intendentes bonaerenses, organizaciones empresarias, asociaciones civiles y "amigos del tribunal", a favor y en contra de la autonomía de los municipios para establecer tasas comunales.
La audiencia "informativa", con el máximo tribunal integrado por la vicepresidente Elena Highton, y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que comenzó a las 10 y duró tres horas, se realizó en el cuarto piso de Talcahuano 550 de esta capital.
El acto procesal correspondió a la demanda promovida en 2017 por Esso Petrolera Argentina S.R.L. contra la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa por "Seguridad e Higiene", que llegó a la Corte luego de ser desestimada por la máxima instancia de la justicia provincial.
La tasa tiene que ser un tributo "vinculado" al servicio, pero "no hay una estricta proporción", afirmó la letrada de Esso, aunque, ante preguntas del tribunal negó que fuera confiscatorio, pero remarcó que se trata de un problema "que debe ser resuelto en el Congreso" y "no vulnerando el principio de territorialidad".
La letrada recordó que la tasa se fija por la "capacidad contributiva" y que, en el caso de la que aplica la comuna, significa el 1 % sobre el total provincial, siendo 24 los municipios bonaerenses en los que la compañía tiene sedes que requieren del servicio de seguridad e higiene, por lo que "habría una extensión de la territorialidad" en el cobro.
Molina justificó la aplicación de la tasa por el "poder de policía" del municipio "que ampara el orden público y el bienestar del ciudadano" ya que "necesitamos personal para poder actuar", destacó.
Al exponer, el ministro de gobierno de la Provincia, Joaquín De la Torre, recalcó que la decisión que tome la Corte "tendrá un fuerte impacto" en las finanzas municipales y del estado bonaerense, y, teniendo en cuenta el nivel de pobreza de sus habitantes "sobre los que más necesitan".
En tanto, el de Esteban Echeverría Fernando Gray, le pidió a la Corte que "haga justicia" y "se ponga del lado de los más pobres y humildes", para que "quien tiene que pagar que pague", remató.
En el mismo orden expuso el abogado cordobés Antonio María Hernández como "amicus curiae", quien dijo que "si la Corte hiciera lugar (a la demanda de Esso) sería gravísimo para las finanzas comunales", y estaría resolviendo en contra del artículo 123 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía municipal, y del 75 sobre poder de policía local.
