El Gobierno denunció penalmente a varias empresas fintech que prestan servicio de créditos no bancarios por estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos públicas o privadas. Los mayores damnificados, según detallaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, son jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Las denuncias fueron realizadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Además, las empresas fueron sumariadas por conductas abusivas o fraudulentas por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores por el incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor.
"Había diversos tipos de actos; había numerosos débitos automáticos en personas que no habían aceptado ningún crédito; o le prometían un crédito y cobraban gastos administrativos; y además había cambios de contratos, y todo en un marco de tasas usurarias que llegaban al 1500%; que además atacan más a poblaciones vulnerables', explicó Paula Español, secretaria de Comercio Interior en declaraciones televisivas.
Debido a la exposición de datos webs de venta online, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron
Las compañías denunciadas son: Smart Cash, Punto Click, Patagonia Cred, Efectivo Urgente y Wenance, que en el mercado local trabaja con las marcas Welp y Mango. Esta última empresa, según la información de su web, cuenta con 80.000 clientes activos en la Argentina y 200.000 créditos administrados por $3.200 millones.
En abril de este año, la fintech anunció que ofrecería préstamos online para jubilados y monotributistas. En el caso de jubilados, los créditos podían ser de hasta $50.000 en 12 cuotas, con tasas desde 100%. Y para monotributistas, $95.000 como máximo en 12 cuotas con tasas desde 120% anual. El proceso para acceder al crédito fue anunciado como 100% digital, sin necesidad de firmar documentación física.
"A jubilados y beneficiarios de la AUH se les adjudica contrataciones que nunca solicitaron. También, debido a la exposición de datos webs de venta online, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron', explicaron desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Según explicaron en las denuncias, estas empresas, además, realizaron débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes y cobraron por sellados, carpetas o gastos administrativos que no corresponden. En muchos casos, aplicaban tasas abusivas que llegan a superar el 1500%+IVA de Costo Financiero Total (CFT).
En muchos casos, las empresas aplicaban tasas abusivas que llegan a superar el 1500% de Costo Financiero Total
A fines de febrero, el Banco Central dispuso una regulación que prohíbe a las empresas cobrar las cuotas de los préstamos a través de un débito en la cuenta del cliente. Ese era uno de los principales instrumentos de cobro que tenían las compañías fintech, que otorgan préstamos online por afuera del sistema bancario tradicional.
'Incurren en incumplimiento o en cambios unilaterales de los contratos, modifican las condiciones de pago y en su mayoría se basan en la falta de información a los consumidores relativa a los créditos, montos, intereses y el cálculo del valor de las cuotas', aseguraron las fuentes oficiales. Estas empresas, además, se presentan a los clientes con el aval de organismos públicos, como la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Banco Central, lo que es falso en gran parte de los casos.
'Winance hizo sólo una prueba de 10 días, en abril, de préstamos a jubilados y pensionados. No es nuestro target. Entendíamos que el sistema no estaba otorgándole créditos a esta segmento. Las tasas de ninguna manera fueron de usuarias: un promedio de 120%. Nunca hubo débitos, los vencimientos son en mayo y de pago voluntario', le dijo a Infobae Alejandro Muszak, CEO y Fundador de Wenance. 'Cuando vimos que el Gobierno y el sector público volvieron a dar créditos, desistimos. Siempre estuvimos acorde con la ley y en regla con elsistema bandario', agregó.
La investigación fue realizada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, en colaboración con otros organismos como el Banco Central y la Inspección General de Justicia (IGJ). Esos organismos identificaron presuntas defraudaciones masivas o incumplimientos reiterados y generalizados, activó el sumario y luego se realizaron las denuncias penales.
