El Gobierno comenzó a preparar el terreno para negociar un acuerdo con el FMI advirtiendo que primero elevará al Congreso el proyecto para su aprobación, antes de alcanzar un acuerdo con el organismo multilateral.
Con dicho acuerdo, la Argentina buscará refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que dejó la administración de Mauricio Macri, y donde la casi totalidad del pago vence en los próximos dos años.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, precisaron durante la semana en distintos medios el alcance que tendrá el nuevo acuerdo que suscribirá la gestión de Alberto Fernández con el FMI, y cuya negociación comenzará a tomar forma en las próximas semanas, aunque no se espera que pueda ser aprobada antes del primer trimestre de 2021.
El jueves, Guzmán expresó que "el primer objetivo de Argentina es un programa del FMI que funcione", durante una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg.
Descartó así una pronta vuelta al mercado, expresando que la intención oficial es primero reducir el costo de financiamiento argentino (y por ende el rendimiento de los bonos, que aún está muy alto pese al canje), a "través de la gestión de las variables macroeconómicas".
Ambos funcionarios recalcaron que el nuevo acuerdo tendrá un carácter diametralmente opuesto, al que suscribió el Gobierno de Macri a mediados de 2018.
"La crisis que hoy afecta a nuestro país fue profundizada por un acuerdo rápido con el FMI en el año 2018, insostenible, y realizado de espaldas a la sociedad. De un modo distinto, el camino para llegar a un programa que ayude a Argentina lo recorreremos de frente a la sociedad", recalcó Guzmán en su cuenta de Twitter.
Chodos agregó al respecto que la iniciativa es algo "inédito, en el sentido de que lo que se negocie con el FMI va a pasar por el Congreso Nacional, por primera vez en la historia, lo que garantiza un amplio debate, como lo establece la Constitución", dijo.
Asimismo, la Argentina solicitará un programa que sólo consista en el refinanciamiento de la deuda actual de 44.000 millones de dólares, sin desembolsos netos positivos, según lo expresaron Guzmán y el titular del Banco Central, Miguel Angel Pesce, en la carta de intención enviada formalmente a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, la semana pasada, para iniciar el diálogo en busca de alcanzar un acuerdo.
Guzmán precisó que "aún no se discutió" con el Fondo el marco que tendrá el programa económico, es decir, el tipo de préstamo que requerirá la Argentina.
Entre los lineamientos, la Argentina solicitará primero la autorización del Congreso para avanzar en el nuevo programa, "elevando la discusión a la sociedad", sostuvo Guzmán.
Fue algo de lo que careció el anterior programa, ya que fue suscripto -y reformulado luego- en apenas unas semanas, al tiempo que el anuncio repentino del Poder Ejecutivo de volver a financiarse a través del FMI había sorprendido a propios y extraños.
"Todas las modalidades están sobre la mesa" de negociación, y de momento no hay un programa particular que vaya a solicitar la Argentina, confirmó Guzmán.
Los préstamos tradicionales son los Stand By (como el suscripto en 2018) y de Facilidades Extendidas, de más largo plazo y que requiere de mayores reformas estructurales.
Tanto Guzmán como Chodos, en línea con los dichos de Alberto Fernández, resaltaron que el programa se enfocará en la reactivación, y no consistirá en un plan económico cuyas metas sean imposibles de cumplir.
En la Carta enviada al FMI, la Argentina precisó que la gestión anterior había cumplido las metas que acordó con el organismo, y sin embargo no se resolvió la crisis de confianza que tenía la Argentina. Por el contrario, la fuga de capitales continuó.
El programa del FMI de Argentina para 2018 "profundizó la recesión. Estamos avanzando hacia un tipo diferente de programa", precisó Guzmán.
Para que no se repita lo que denominaron "defectuosos presupuestos del Programa de 2018", los funcionarios argentinos indicaron que "es esencial que se realice una evaluación precisa de los desafíos de Argentina, y esperemos intercambiar opiniones con su staff sobre estas cuestiones", expresaron.
Así, el próximo paso será esperar la contestación del staff a la invitación de la Argentina a enviar "una misión para comenzar las conversaciones", que sería en breve.
La intención del Gobierno argentino es que el FMI haga una revisión profunda de lo que salió mal con el programa anterior, antes de llegar a un acuerdo en la implementación de las políticas macroeconómicas.
Es algo parecido a lo que sucedió con el pedido del país del informe de sustentabilidad de la deuda, donde primero el FMI hizo un análisis exahustivo y determinó que la Argentina necesitaba "un alivio sustancial", antes del diseño final de la oferta que luego definió el Gobierno.
"El Fondo tiene un mecanismo de análisis posprogramas y hay que ver si tenemos el mismo diagnóstico sobre lo que falló, eso va a influir en la discusión que tengamos", indicó esta semana Chodos.
El economista aclaró que "la Argentina apuntará al menor nivel de condicionalidades posible", y apeló a cierta flexibilidad del organismo en el contexto de la pandemia.
"El FMI no es una institución de desarrollo, ni financia infraestructuras, ni la generación de empleos, pero entiende los efectos globales de la pandemia y reconoce ahora que son útiles los controles de capitales, a diferencia de antes", y además "tiene conciencia de que se enfrenta una crisis que no tiene precedentes, la mayor de su historia", desde su creación en la cumbre de Bretton Woods, EEUU, poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial, concluyó.
