Legisladores porteños, ONGs y referentes de organismos de derechos humanos impulsan el juicio político de cuatro de los cinco integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires debido a la "violación sistemática de la Constitución porteña", según indicaron en diferentes entrevistas.
Entre los motivos figuran tres fallos recientes del TSJ: uno vinculado a las vacantes para niños de entre 45 días y 3 años en las escuelas porteñas; la cesión de terrenos de Casa Amarilla y la modificación del Código de Planeamiento Urbano que permitió la construcción de obras alrededor del Palacio Roccatagliata, ubicado en el barrio de Coghlan.
A fin de año, una veintena de legisladores del Frente de Todos y del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de pedido de juicio político a cuatro integrantes del TSJ, en reacción ante el fallo que determinó que no existe una obligación del Estado de ofrecer vacantes escolares a las niñas y niños de entre 45 días y 3 años de edad.
El pedido alcanza a los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano. Ese mismo fallo convocó a varias ONGs porteñas a motorizar el juicio político a través de una petición en la plataforma Change.org que ya cuenta con 14 mil firmas.
Entre las organizaciones que solicitan el pedido de juicio político figuran el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la Unión de Trabajadores de la Educación, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Defensoría de Laburantes, Urbana TV y la Coordinadora La Ciudad somos quienes lo Habitamos, entre otras.
Además del fallo vinculado a la cuestión educativa, denuncian cuestiones irregulares en el fallo que declaró legal la obra alrededor del Palacio Roccatagliata, "admitiendo que el Poder Ejecutivo puede establecer excepciones a la planificación violando la división de poderes y competencias que estable la Constitución de la Ciudad", según indicaron las organizaciones, para quienes la obra "violaba cada uno de los parámetros urbanísticos del Código de Planeamiento Urbano".
La otra sentencia cuestionada es el rechazo a un recurso de queja planteado, convalidando que se puedan vender tierras públicas sin autorización de la Legislatura porteña.
"El amparo trataba sobre la inconstitucionalidad de las ventas de los predios conocidos como Casa Amarilla al Club Boca Juniors por no existir ninguna ley que lo autorizara", dicen las organizaciones.
Para la diputada del PTS/Frente de Izquierda Myriam Bregman, en la Justicia de la Ciudad "en las instancias inferiores, se puede conseguir cada tanto algún fallo favorable a los intereses de los trabajadores o de los intereses populares, pero cuando va subiendo el tema a las instancias superiores, siempre el 'larretismo' tiene asegurada una mayoría automática en perjuicio de los más débiles".
Del mismo modo se manifestó Myriam Godoy, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien precisó a Télam que "sistemáticamente los fallos que produce el TSJ porteño conforman una mayoría automática que viola la Constitución de la Ciudad, por lo que es necesario que se visibilice esta situación y se actué en consecuencia".
En la misma línea, Milciades Peña, de Urbana TV -otra de las agrupaciones firmantes en el pedido de juicio político- dijo que el TSJ "viene con una larga lista de desaguisados y complicidades con Larreta, pero año tras año se viene acrecentando; lo más burdo fue este fallo aberrante que viola el artículo que establece la educación pública a partir de los 45 días de vida", puntualizó.
"Este tribunal poco tiene de Justicia, muy poco tiene de superior y mucho tiene de complicidad con los peores ejemplos de la corrupción en la Ciudad", dijo, tras enumerar que "sólo en el 2020 unas 25 mil personas se quedaron sin vacantes en las escuelas porteñas".
"Esto sucede además en un contexto donde el gobierno de Larreta ha achicado el presupuesto en educación de cara a este año, en un contexto de pandemia", analizó Peña.
Se refirió así al fallo que motivó en la Legislatura el pedido de juicio político, el 28 de diciembre pasado, y que obtuvo la firma de 20 legisladores, y que deberá ser tratado en comisión en marzo próximo
