Extendieron la prisión preventiva al médico acusado de torturar a Jorge Julio López

Judiciales 19/05/2021 . Hora: 07:18
Extendieron la prisión preventiva al médico acusado de torturar a Jorge Julio López

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal n°1 de La Plata ordenó prorrogar seis meses más la prisión preventiva para Jorge Antonio Bergés, un médico de la Policía Bonaerense acusado de haber torturado a Jorge Julio López en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Arana, en 1976, informaron ayer fuentes judiciales al diario Hoy.

Por pedido del fiscal Juan Martín Nogueira, la causa se elevó a juicio en mayo de 2015 aunque el debate oral aún no se realizó. Dos años después, el Tribunal dispuso el cese de prisión preventiva, la cual fue revocada por Casación Federal en 2018 y ordenó el arresto domiciliario del acusado, medida que se mantiene hasta la actualidad.

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En este sentido, en el marco de la causa iniciada por una presentación de Abuelas de Plaza de Mayo, los magistrados entendieron que hay “riesgos procesales en el caso concreto, consistentes en el entorpecimiento de la investigación, y el peligro de fuga (por parte de Bergés) que persisten al día de la fecha con igual entidad que al comienzo de la investigación”. Asimismo, los jueces del Tribunal consideraron “la severa imputación que pesa sobre el encausado”.

El hombre se encuentra procesado por la presunta comisión de los “delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas en perjuicio de Julio López y por haber durado más de un mes, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguida político, en concurso real”.

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Para la extensión de la preventiva al acusado, los jueces Andrés Basso y José Antonio Michelini también tuvieron en cuenta “la especial gravedad de las penas previstas en el tipo penal en cuestión que podría imponérsele” al imputado, así como “la negativa incidencia que podría tener la hipotética libertad del procesado sobre la posibilidad de recopilar elementos de convicción que resultarían de interés para la causa”.

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