Valeria Carreras, abogada de la querella mayoritaria de los familiares del ARA San Juan, consideró como una "buena señal" la decisión judicial de convocar a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para prestar declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal sobre los parientes y allegados a los 44 tripulantes que perdieron la vida.
"Esta imputación es una buena señal, es un aliciente para las familias que represento: esposas, madres y dos padres", dijo Carreras, que lleva la causa junto con la letrada Lorena Arias.
En diálogo con Télam, la abogada agregó que "esto viene a demostrar que ellas no estaban locas cuando denunciaron el espionaje" y que "siempre supieron que las espiaban, que les manejaban las redes sociales".
El viernes Arribas y Majdalani fueron llamados a prestar declaración indagatoria por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, por disposición del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien convocó al exseñor 5 para el jueves 8 de julio a las 11 y a la exseñora 8 para el 15 del mismo mes.
El supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan fue solo una parte de las tareas de inteligencia ilícita desplegada desde las denominadas bases AMBA que instaló la AFI de Mauricio Macri en el territorio de la provincia de Buenos Aires, según surge del expediente judicial.
Fuentes con acceso al expediente señalaron a Télam que se sospecha que el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes tuvo que ver con el intento del gobierno de Cambiemos de tener controlado a un colectivo que exigía, durante fines de 2017 y fines de 2018, que se encontrara al submarino.
Carreras agregó -en diálogo con esta agencia- que "el gran beneficiado era Mauricio Macri ya que los partes de los agentes de la AFI, tienen como objetivo ´que nada perturbe o perjudique la imagen presidencial´".
En el mismo sentido, recordó que "ya en junio de 2020 cuando explota el espionaje ilegal en el juzgado federal de lomas de Zamora nos presentamos allí" y "luego en la Bicameral de Inteligencia hasta que llegó la denuncia de (Cristina) Caamaño el 23 de septiembre del año pasado", añadió.
La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.
Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez federal Alejo Ramos Padilla en el marco del caso D´alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases "AMBA".
El viernes, el juez Bava también convocó a indagatoria también a otros seis imputados, entre ellos el exjefe de la base de la AFI en Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, ya procesado por otros hechos de espionaje ilegal.
Los primeros convocados son los exresponsables de la AFI y, luego, desde el 12 de agosto al 16 de septiembre, se programaron las restantes indagatorias de Iuspa Benítez, Javier Villalba Contestabile, Pablo Arbeo, Ameli Peyri, Critian Grimald y Sabrina Pascale, todos exagentes de la central de espías.
Por otro lado, el juez ordenó formar un "legajo de prueba de carácter reservado" en virtud de tratarse de documentos entregados por la AFI sobre "los que pesa la obligación legal" de mantener secreto.
El legajo podrá consultarse solo en forma presencial en el juzgado federal de Dolores sin posibilidad de sacar copias porque el contenido se encuentra amparado por el secreto previsto en la Ley Nacional de Inteligencia, se advirtió.
