El reclamo de justicia por Alejandro Martínez, el hombre que fue salvajemente golpeado y asfixiado hasta la muerte, en una comisaría de la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú, donde se encontraba detenido por una contravención, continúa vigente.
En ese marco, los informes oficiales respaldaron los dichos de la familia de la víctima, confirmando que Martínez percibió más de 5 millones de pesos por “una incapacidad derivada de accidente de trabajo”, además de ofrecer detalles de otros dos juicios por despido y disminución de la visión de un ojo, informaron fuentes oficiales. “Nos siguen tratando como si Alejandro fuera un delincuente”, indicaron los abogados que representan a la familia de este hombre que fue demorado por causar daños en un hotel y terminó asfixiado y con golpes.
Miguel Molina, uno de los abogados de la familia de la víctima, había indicado en diálogo con este medio que “tuvimos acceso al total de las actuaciones. Cuando a este muchacho lo retiran del hotel no tenía ningún tipo de marca ni lesión”, precisó. Y dijo que la desorientación que parecía mostrar cuando salía del hotel se debía a que “era casi ciego”.
“Tenía múltiples fracturas y estaba totalmente golpeado dentro del calabozo y sin vida”, agregó Molina. Todo surge de la primera autopsia. A pedido de un área del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, posiblemente se realice un segundo estudio. Sería el 2 de diciembre.
Vale recordar que el informe de los forenses de Lomas de Zamora fue clave para que el primer fiscal del caso, Pablo Gamaleri, indagara a nueve policías, que ya fueron desafectados de la Bonaerense, por el delito primario de “homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento, y en concurso premeditado de dos o más personas, por ser ejecutado por miembros de las fuerzas de seguridad abusando de sus funciones o cargos”.
Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra son los tres oficiales acusados de matar a Martínez, y, subsidiariamente, de “tortura y abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Mientras que a los policías Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo los acusan, además de ser partícipes necesarios del homicidio, por el delito subsidiario de “omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte”. El 2 de diciembre harán una nueva autopsia.
