Enmarcado en la violación de sus derechos laborales y sindicales perpetrados por el Estado Argentino, Juan Pablo “Pata” Medina expuso mediante un escrito dirigido al Secretario General de la CGT, Pablo Moyano, su descargo y la inmediata intervención para poder recuperar su derecho de ejercer como sindicalista.
En ese marco, desde el entorno familiar de Medina indicaron que “este pedido consiste en exigirle la intervención a la CGT nacional, en los impedimentos judiciales en cuanto a la actividad sindical que se le pone al Pata. Es un precedente que no puede quedar firme porque va en contra del movimiento obrero argentino”.
“Pablo (por Moyano), asumió el compromiso de darle curso, tratarlo en territorio nacional y llevarlo a organismos internacionales como la OT, para que resuelvan esta medida antidemocrática y antisindical”, agregaron.
A continuación, un fragmento del escrito de Juan Pablo “Pata” Medina.
“Objeto que vengo a poner en conocimiento en debido tiempo y legal formal la violación de mis derechos laborales y sindicales perpetrados por el Estado Argentino por la violación a los artículos 1.1., 7, 8.1, 15, 16 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como del artículo 8.1.C y 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, este último en relación a los Convenos número 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y la Constitución Nacional.
Soy un dirigente sindical de la República Argentina y he sido perseguido políticamente por el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri.
Fui encarcelado junto a toda mi familia con la excusa de supuestos delitos cometidos en el ejercicio de mis funciones y, sobre esa misma base, se me excluyó del cargo para el que fui elegido democráticamente y se me prohibió el ejercicio de cualquier actividad de contenido gremial y sindical.
A la fecha y después de transcurrido más de cuatro años no tengo condenas penales dictadas en mi contra ni en grado de apelación.
De hecho, a más de cuatro años de la embestida en mi contra, aún no se ha realizado juicio alguno que me permita el ejercicio de mi derecho de defensa.
Los procesos que se iniciaron para encarcelarme y excluirme de la actividad sindical fueron armados e impulsados por integrantes de una asociación ilícita dedicada a manipular e inventar pruebas e informaciones falsas con el propósito de perseguir y encarcelar a dirigentes sindicales y políticos opositores”.
