La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por unanimidad aceptó la recusación de la jueza federal María Gabriela Marrón en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro que habían solicitado les fiscales Iara Silvestre, Andrés Heim y Horacio Azzolín.
"Resulta razonable y ajustado a derecho el 'temor de parcialidad' expresado por los fiscales y las querellas, y por ello corresponde hacer lugar a la recusación interpuesta", dijeron los camaristas de Casación sobre el pedido de apartamiento de la magistrada, que en sus resoluciones había anticipado su inclinación por la hipótesis de que el joven de 22 años oriundo de Pedro Luro murió por accidente, y que los policías bonaerenses que lo detuvieron sobre la ruta 3 el 30 de abril de 2020 no tuvieron nada que ver.
"El objeto de la presente investigación se centra en comprobar si la desaparición y la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjeron a consecuencia de un hecho delictuoso --desaparición forzada-- y en su caso, establecer todas las circunstancias relevantes e individualizar a los autores y partícipes", escribió en su voto la jueza Ana María Figueroa en la resolución.
"Ha quedado evidenciado que, por las decisiones jurisdiccionales adoptadas y las manifestaciones de la magistrada, las partes acusadoras consideran que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos", agregó, tras lo cual sumó su voto al de sus colegas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña para que Marrón sea apartada del expediente.
El nuevo juez será Walter López Da Silva. Facundo Astudillo Castro, cuyo cuerpo esqueletizado fue encontrado el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo, había salido de su casa rumbo a Bahía Blanca --en pleno ASPO y sin permiso de circulación-- donde vive su exnovia, viajó a dedo y nunca llegó a su destino. Fue detenido dos veces y tomó contacto con al menos tres uniformados.
En su resolución, los camaristas Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña reseñaron el detalle de "las decisiones arbitrarias y no ajustadas a derecho que desplegó Marrón, incluso avasallando la labor de la fiscalía en cuyas manos ella misma había delegado la investigación".
En primer lugar destacaron los fundamentos de los fiscales Heim, Azzolín y Silvestre para recusar a la jueza de Bahía Blanca, hija del almirante Carlos Marrón, ex vocero de la Armada durante la dictadura. Al cuestionar a la magistrada expresaron que sus decisiones en la causa tendieron a "garantizar la impunidad de los autores de hechos aberrantes, al tornar al proceso judicial en una ficción que vuelve infructuosa cualquier actividad que pudiera llevarse adelante con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la obligación de tomar medidas judiciales efectivas para impedir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos”.
Según les fiscales, Marrón hizo "una errónea valoración de la prueba producida y una ponderación de enunciados dogmáticos, concluyendo con un razonamiento alejado de las reglas de la sana crítica racional, ya que mediante la ausencia o la apariencia de fundamentos arribó a una decisión carente de toda coherencia, que indefectiblemente resultará en la obstaculización de la investigación por medio de la anuencia en la introducción de hipótesis que ninguna de las partes aportó”, léase la hipótesis del "accidente".
