Desde hace más de dos años, las usurpaciones son un delito que ubica a la ciudad de La Plata en el punto geográfico de mayor ocupación ilegal de tierras con respecto a toda la provincia de Buenos Aires: 250 hectáreas que involucran a más de 40 tomas activas.
Al respecto, el diputado provincial por Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, presentó un proyecto de ley que busca proteger el derecho de propiedad privada de cada vecino, limitando los incentivos y beneficios sociales a quienes incitan, en distintos lugares de la provincia, a cometer el delito de usurpación.
Asimismo, el proyecto crea un registro de beneficiarios de programas de vivienda social para poder identificar a aquellos que reciben los planes de vivienda y poder dar cumplimiento a esta iniciativa, cuya inhabilitación durará dos años.
“Ya desde el 2020, momento dónde se originó esta megatoma, presenté un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de usurpaciones, porque considero que este es un problema urgente que merece la atención y el trabajo en conjunto de los tres poderes. Dos años después, estoy presentando un nuevo proyecto de ley para lograr una mayor publicidad en la transparencia de reparto de fondos y evitar que accedan a programas de viviendas sociales aquellas personas que son procesadas, condenadas o que fomenten o impulsen tomas de terrenos”, manifestó el legislador.
Y agregó: “Espero que esta iniciativa se discuta rápidamente en la Legislatura Bonaerense y que podamos trabajar todos juntos en ponerle un freno, de una vez por todas, a este delito que tanto miedo e inseguridad le genera a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires”.
Respecto al proyecto, el artículo 1 señala: “Establécese como requisito para el otorgamiento de planes y o programas de vivienda social emanados por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, no encontrarse procesado y/o haber sido condenado por alguno de los delitos de usurpación previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal de la Nación”
“La restricción al acceso de planes de vivienda social, en los casos estipulados en el artículo 1°, tendrá una duración de 3 (TRES) años una vez que la Autoridad de Aplicación tome en conocimiento del hecho en cuestión”, señala también el proyecto en su artículo 2.
Además pretende crear “el Registro de Beneficiarios de Programas de Vivienda Social de la Provincia de Buenos Aires, que funcionará dentro del ámbito del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires o en el organismo que a futuro se disponga”.
“El Registro de Beneficiarios de Programas de Vivienda Social de la Provincia de Buenos Aires tiene como objetivo identificar a los destinatarios de planes y/o programas de vivienda social otorgados por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, de manera tal de restringir el acceso a aquellos que incumplan lo estipulado en el artículo 1° de la presente”, concluye el proyecto.
